El rezago de miles de expedientes laborales, grave riesgo para la economía de la entidad
Implica costos de más de 14 mil millones de pesos para los empleadores demandados
Retira UAEM el plantón de la Plaza de Armas y ahora presiona al Congreso
Se trasladan a la sede del Poder Legislativo para exigir activar la ley de Participación Ciudadana
Los nuevos alcaldes persisten en realizar despidos injustificados
En este año hay un registro de 313 demandas laborales; la suma total es de tres mil 227 expedientes, de los cuales el 90.3% es de municipios
En seis meses, 37 feminicidios
Se incumplen medidas de la alerta de género, denuncia la Comisión Independiente de Derechos Humanos
Comunidad de la diversidad sexual se declara en alerta ante crímenes
En 14 meses documentan al menos 18 homicidios de personas homosexuales y transgénero
Alessandro Innocenzi Silenzi ya es oficialmente el director del SAPAC
Este jueves, en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Alessandro Innocenzi Silenzi rindió protesta como director general del organismo descentralizado.
Exhortan al Ejecutivo a rescatar a las alcaldías
El Congreso local aprueba un punto de acuerdo para que se cree un fondo de contingencia que permita a los Ayuntamientos operar el primer año
Proponen cobro de derechos por los ductos de gas natural
Ayer, los diputados aprobaron el divorcio incausado y la despenalización del grafiti
El Congreso del estado analiza una iniciativa de reforma a las Leyes de Ingresos municipales, con la que se pretende imponer un nuevo cobro para el otorgamiento de licencias para la excavación e instalación de ductos de gas natural.
Como parte del proyecto que ha impulsado la actual administración estatal, con la instalación de la termoeléctrica y los ductos de gas natural, ayer el diputado Jaime Álvarez Cisneros propuso una adición a las 33 leyes de ingresos municipales para el cobro en la instalación de líneas de gas natural.
En la exposición de motivos, el legislador del Partido Movimiento Ciudadano señaló que Morelos no está a la vanguardia, mientras que estados como Guanajuato, Zacatecas, Tabasco y Guerrero han registrado un crecimiento importante a raíz de esta nueva contribución.
En la misma propuesta se establece un cobro de 10 a 50 salarios mínimos para el otorgamiento de permisos para la excavación, instalación, registro, arreglo y tendido de tuberías de líneas de distribución y transporte de gas natural.
Álvarez Cisneros destacó la labor que hizo el gobierno estatal al atraer este tipo de inversiones. De ahí la necesidad de instaurar normas que reglamenten la operación de esta industria. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.
Aprueban también reformas en materia familiar
En la misma sesión ordinaria, los diputados locales también aprobaron diversas reformas al Código Familiar del Estado de Morelos, a fin de garantizar el derecho de los padres de familia a registrar a sus hijos con el orden de apellidos que acuerden.
Se trata de una reforma al artículo 411 de dicho código, a fin de garantizar, según se expuso en el pleno, a una verdadera equidad de género.
De igual forma, diputados aprobaron modificaciones a la misma legislación para instaurar el divorcio incausado, que otorga a cualquiera de los cónyuges la libertad de solicitar la disolución del matrimonio sin tener que alegar alguna causa y este podrá ser efectivo aún sin contar con la aprobación de la pareja y también sin presentar las causales requeridas en el administrativo.
Despenalizan el grafiti
Al considerar que la penalización de esta expresión en las calles no abona en nada a la sociedad, diputados locales aprobaron modificaciones al Código Penal del Estado y a la Ley de Cultura Cívica, a fin de despenalizar el grafiti, y establecer sólo sanciones administrativas para quienes dañen la propiedad privada.
"La realidad nos demuestra que la tipificación de tales conductas como un delito, no inhibe, ni contrarresta el despliegue y crecimiento de esta actividad, ni mucho menos ha resultado eficaz para atenuar este fenómeno”, señala el dictamen impulsado por el priista Alberto Martínez González.
De tal forma que se estableció que quien incurra en esta conducta deberá enfrentar multa o arresto y reparar el daño, además de cubrir de 100 a 200 días de trabajo comunitario, dependiendo la gravedad y monto del daño causado al bien inmueble.
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