Maciel Calvo

Maciel Calvo

Resalta “desempeño y trayectoria” del cuestionado fiscal anticorrupción.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, defendió su decisión de designar como fiscal anticorrupción a Juan Salazar Núñez, al asegurar que evaluó su desempeño y trayectoria.

A través de un comunicado, la propia FGE exhibió que “parte” de los resultados logrados en tres años por Salazar Núñez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, son una sola condena penal contra un ex tesorero municipal y cinco vinculaciones a proceso de un oficial del registro civil, dos ex alcaldes, de Cuautla y Temixco, y el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, por presuntos delitos contra la fe pública, peculado y enriquecimiento ilícito.

Además de estos “logros”, consideró la trayectoria como servidor público del ratificado, quien en 2017 fue condecorado por los actuales diputados con la presea “Antonio Díaz Soto y Gama”, además de su experiencia de más de 13 años como catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Ante la autonomía con la que cuenta la Fiscalía General del Estado, se trabaja para garantizar una procuración de justicia que no obedezca a intereses políticos ni de grupo, por lo que no existe sujeción alguna a voluntades de ninguno de los poderes del estado, ya que la aplicación de la ley no puede estar a voluntad de ninguna persona, sea el cargo o nivel que ostente, por lo que el actuar de la Fiscalía General estará limitado solo por la observancia y aplicación de la ley”, aseguró la FGE.

“Por todo lo anterior y haciendo uso de las atribuciones que la propia ley confiere dentro de la autonomía otorgada -concluyó el comunicado- es que se evaluó el desempeño y trayectoria del hoy Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos”.

 

 

 

 

Especialistas realizarán pruebas científicas para determinar con certeza la causa del deceso.

Un juez de control ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar la exhumación de los cuerpos de unos gemelos recién nacidos que fallecieron presuntamente a causa del contagio de una bacteria en el Hospital General José G. Parres de Cuernavaca.

El abogado de los padres afectados, Francisco Javier Hernández Salcedo, informó que el juez Ramón Villanueva Uribe ordenó la exhumación de los cuerpos de los bebés para que peritos y especialistas tomen muestras biológicas que permitan realizar una serie de pruebas científicas para determinar con certeza la causa de muerte, pues existe sospecha de que la defunción fue causada por el contagio de una bacteria en la unidad de neonatos, y no por nacimiento prematuro.

Afirmó que la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales (UCEN) supuestamente está diseñada para atender y proteger a los bebés con sistema inmune comprometido y, por protocolo, cuando se detecta un caso de infección, el neonato es aislado para evitar contagios, se realiza un antibiograma y se aplica el tratamiento médico adecuado.

En este caso, dijo, existen sospechas de que no se aplicó el protocolo de atención y que los médicos pudieron ser los responsables de que los gemelos se contagiaran con la bacteria Klebsiella pneumoniae (que generalmente se infecta por contacto físico y produce infecciones como neumonía o sepsis), que causó la muerte otros bebés, u otros microorganismos.

Detalló que las estadísticas indican que la tasa de mortandad por nacimiento prematuro es de 3.4%, mientras que la tasa de mortalidad por sepsis neonatal es de 34%, lo que pone en perspectiva que es más probable el fallecimiento de un neonato por sepsis cuando no se siguen los protocolos y no se atiende adecuadamente a los recién nacidos.

La Secretaría de Salud hace unos días confirmó el deceso de nueve recién nacidos, cuatro a causa de una bacteria y cinco por enfermedades congénitas. Padres afectados acusan presunta negligencia médica y piden deslinde de responsabilidades. La exhumación de los cuerpos de los gemelos podría realizarse este mismo viernes o a la brevedad posible. 

 

 

Organizaciones sociales rechazan la designación, a la que consideran inmoral e ilegal.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, ratificó como fiscal anticorrupción a Juan Salazar Núñez, lo que provocó una serie de reacciones negativas de organizaciones sociales que calificaron como inmoral e ilegal la designación.

A través de un comunicado, la FGE dio a conocer que la tarde de ayer, nuevamente Salazar Núñez tomó protesta como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cargo que ocupa desde el 28 de agosto de 2015 y en el cual permanecerá siete años más.

La designación de Juan Salazar fue realizada con base en las reformas realizadas por el Congreso local a la Ley Orgánica de la FGE, que facultaron al fiscal general para nombrar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especializados al 50% de su último salario, sin detrimento de que puedan tramitar pensiones paralelas como trabajadores al servicio del Estado.

Según el escueto comunicado, el fiscal general pidió a Salazar Núñez “reforzar el trabajo en materia de combate a la corrupción, bajo un estricto trabajo donde se haga prevalecer, con total transparencia y probidad”.

Sin embargo, la ratificación del fiscal anticorrupción fue descalificada por organizaciones civiles por considerar que el nombramiento fue inmoral e ilegal, ya que el desempeño de Salazar Núñez no sólo fue durante tres años deficiente, sino que pertenece al gobierno saliente, del cual fue parte al fungir como consejero jurídico del gobierno del estado al momento de su primera designación, en 2015.

Por lo pronto, el pasado viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, para impugnar las reformas a la Ley Orgánica de la FGE que facultan al fiscal general –y no al Congreso- para designar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especializados. En los próximos días, la SCJN determinará sobe su admisión o no.

El presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas (Fecap) y uno de los impulsores de la acción de inconstitucionalidad, Alejandro Smith Vázquez, afirmó que será la SCJN quien deberá dirimir sobre la legalidad o no del nombramiento de Salazar Núñez.

Sin embargo, consideró el nombramiento como ilegal porque está fuera de la norma y los lineamientos que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción, “cuyos preceptos no pueden ser saltados o transgredidos”.

Incluso, sostuvo que la ratificación del fiscal anticorrupción por siete años más hace mucho daño, ya que genera gran desconfianza.

“Su designación ni siquiera es sana porque debe estar al frente una persona intachable, y durante su gestión Salazar Núñez se mantuvo ciego en muchos casos de corrupción y usó a la fiscalía como órgano persecutor, como fue el caso del exrector Alejandro Vera”, dijo.

Roberto Salinas Ramírez, representante de Morelos Rinde Cuentas, afirmó que la decisión de Uriel Carmona “es algo terrible, algo que daña a Morelos y que lo único que hace es garantizar la impunidad y dar protección a funcionarios del gobierno saliente”.

Recordó que Salazar Núñez fue miembro del gabinete estatal, y tanto su primera designación, como la segunda, estuvieron viciadas de origen y hay un evidente conflicto de intereses.

Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, rechazó la designación y, al igual que la Fecap y Morelos Rinde Cuentas, consideró cuestionable tanto la designación como el desempeño de Salazar Núñez, y sostuvo que será necesario que la próxima legislatura -que entrará en funciones el 1 de septiembre- revise el tema y, si es posible, revoque el nombramiento.

Y recalcó: “Nosotros pediremos a la próxima legislatura que revise el tema, porque ese cargo debe ser ocupado por una persona que responda a los intereses de los justiciables y no a los intereses de quien los colocó en el puesto, y nos parece que lo que se pretende es garantizar impunidad a los funcionarios salientes”.

 

El decreto que crea dos nuevas plazas de comisionados cuestiona el desempeño de quienes actualmente ocupan ese cargo y plantea dudas sobre posibles delitos en los que pudieron haber incurrido.

Pese a omisiones y sospechas de presunta corrupción en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Congreso local impulsó y aprobó la reforma para crear dos nuevas plazas de comisionados en el órgano de transparencia sin antes esclarecer y denunciar si los actuales comisionados incurrieron o no en actos indebidos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la declaratoria de la reforma al artículo 23-A de la Constitución local, aprobada por el Congreso y por la afirmativa ficta de la mayoría de los integrantes del Constituyente (ayuntamientos), que incrementa de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE y permite lanzar de inmediato la convocatoria para concretar las designaciones.

Pero en el decreto, que puede ser consultado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 13 de agosto, el Legislativo exhibió a sus antecesores, al señalar omisiones en la evaluación de los actuales comisionados Mireya Arteaga Dirzo, Dora Ivonne Rosales Sotelo y Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quienes –además- se amplió su periodo a siete años en la reforma de 2015 en materia de transparencia y combate a la corrupción.

“De una revisión al expediente del Decreto número 2758 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5315 de fecha 11 de agosto de 2015 se advierte que no se giraron los oficios correspondientes a la Fiscalía General del Estado y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con la finalidad de que informaran a este Congreso del Estado, si existe en el caso de la Fiscalía, alguna carpeta de investigación en la que figurara como parte algún consejero o comisionado y en al caso de la Entidad Superior, si existe alguna auditoría al Instituto o algún procedimiento administrativo en el que forme parte algún consejero o comisionado”, estableció el decreto.

Según los actuales diputados, por estas omisiones, sus predecesores ni siquiera supieron que el IMIPE enfrentaba una denuncia penal bajo el número de expediente SCOV/5237/2015, de fecha 15 de junio de 2015, y los propios comisionados omitieron informar al Congreso, pese a que era su deber.

“Aunado a lo anterior -continúa el documento- existen fuertes señalamientos en contra de ese Instituto encargado de tutelar el derecho de acceso a la información, y ahora al ser parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y que irónicamente no sólo se contrata a familiares (cuñados), sino que éstos ocupan cargos a nivel de dirección, y sin contar con el perfil requerido para el puesto, tal es el caso del coordinador del Área de Socialización Héctor Martín Ramírez Hernández, así como el director del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, Julio Jorge Méndez Álvarez; circunstancia que será motivo de investigación por parte de la autoridad correspondiente para determinar si en el presente caso existe la probable comisión del delito de nepotismo, y en consecuencia fincar a los responsables las sanciones a que haya lugar.”

“Otro aspecto a dilucidar es el que se refiere a los sueldos que tienen los comisionados del IMIPE, a la fecha perciben la nada despreciable cantidad de $76,950.00, para el caso del Comisionado (a) Presidente (a), mientras que para el Comisionado (a) Propietario (a) es de $73,900.00. Cuando en el ejercicio presupuestal de 2014 era de $59,950.00, es decir, hubo un aumento de $17,000.00”, y se incluyó en el decreto tabuladores de 2014 y 2015.

A pesar de estas circunstancias exhibidas en el decreto, el Congreso no informó si inició algún procedimiento para determinar la veracidad de esta información y si es procedente fincar alguna responsabilidad a los comisionados del IMIPE.

 

El Foro Morelense de Abogados presentó ante un juez de control una queja contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, presentó ante un juez de control una queja contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el que se abstiene de investigar presuntos actos ilegales perpetrados por los legisladores al aprobar sendos decretos de jubilación de secretarios de despacho y familiares de funcionarios de primer nivel, así como violentar la Constitución.

Ayer, Martínez Bello acudió a los juzgados a presentar la queja, que tiene como objetivo buscar que un juez revoque el acuerdo y ordene a la Fiscalía Anticorrupción dar entrada a la denuncia promovida por el Foro Morelense de Abogados en contra de 29 de los 30 legisladores locales el pasado 18 de julio.

Detalló que ese día, después de iniciar la carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado envió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, la que “en un tiempo récord, pasando solamente cinco horas, la Fiscalía Anticorrupción emite un acuerdo, en donde se abstiene de investigar y decide que no hay ningún delito de parte de los diputados”.

“Esto es una acción ilegal que nosotros estamos combatiendo. Acabamos de presentar una queja ante el juez de control para que sea, mediante audiencia, que el juez de control, quien obligue al fiscal anticorrupción a investigar tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política, relacionado con el 131 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es decir, no es de que quieran, tienen que entrarle a la investigación”.

Indicó que hay un sesgo evidente para defender a los diputados, que están a unos días de dejar de serlo, e hizo un llamado enérgico al gobierno estatal, al Tribunal Superior de Justicia y a los legisladores para que saquen las manos y dejen que el juez de control emita un fallo para que se obligue a que haya una investigación de hechos ilegales y de corrupción.

 

La ONG Morelos Rinde Cuentas dice que hay riesgo de que el Comité de Participación Ciudadana quede integrado por “burócratas”

“… de los 16 finalistas, el 90% son ex funcionarios públicos que ocuparon sus cargos por influencia política o partidista”.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas pidió a la comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) considerar la posibilidad de anular el proceso de designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, ante las presiones externas hacia la comisión y la posibilidad de que el comité quede integrado por burócratas.

Luego de la resolución judicial que permite a la comisión de selección continuar con el proceso de designación, el vocero de la organización Roberto Salinas Ramírez señaló que hay fuertes presiones hacia la comisión de selección para apresurar el proceso y nombrar convenientemente al Comité de Participación Ciudadana del SEA, el cual será columna vertebral en el combate a la corrupción.

“Desde la sociedad civil hacemos un llamado a la comisión de selección para que no se deje presionar por los poderes Ejecutivo y Legislativo para designar al Comité de Participación Ciudadana”.

“Ellos tendrán que designar en los próximos días o semanas a las cinco personas que integrarán el comité que dirigirá el sistema estatal anticorrupción y por ello son tan importantes estos nombramientos. Pero nos parece que estas presiones que está recibiendo, no ayudarán a una adecuada designación”, dijo.

Consideró que el proceso de oposición realizado por la comisión de selección se apegó a los lineamientos nacionales y se realizó adecuadamente, pero los criterios de depuración de aspirantes fueron muy rigurosos, al grado que de los 16 finalistas el 90% son ex funcionarios públicos que ocuparon sus cargos por influencia política o partidista, y la mayor parte de los ciudadanos sin experiencia en la administración pública pero con conocimientos para realizar la labor fueron descartados.

Por ello, plantea dos posibilidades: la primera, flexibilizar los criterios de selección para que pueda ampliarse el número de candidatos ciudadanos a ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana del SEA; o, en su caso, considerar la posibilidad de anular el proceso e iniciar uno nuevo que permita a que dicho comité sea verdaderamente garante de los intereses ciudadanos.

Respaldado por empresarios y académicos que forman parte de Morelos Rinde Cuentas, Salinas Ramírez exhortó también al fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara a postergar la designación del relevo de Juan Salazar Núñez, quien culmina el 28 de agosto su periodo como fiscal especializado en combate a la corrupción

Consideró lamentable que en reciente reforma, el Congreso haya delegado al titular de la FGE la facultad de designar al fiscal anticorrupción y consideró que el tema debe ser resuelto por la siguiente legislatura que tomará protesta el próximo 1 de noviembre.

“No pasa nada si no realiza el nombramiento, si espera a la siguiente legislatura para que se analice la forma y creemos que pudiera haber cambios en la forma en cómo se designa al fiscal anticorrupción, de manera que sea transparente y con participación ciudadana”, resaltó.

 

 

Como ordenó la Suprema Corte, fueron publicados nuevamente los decretos de jubilación de 22 trabajadores, a quienes se les comenzarán a pagar sus pensiones de manera retroactiva, señala la institución.

Hay otro grupo de trabajadores en retiro que también espera el pago de la prestación.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que comenzará a realizar los primeros pagos de pensiones a varios trabajadores jubilados a quienes no se les había otorgado el beneficio económico por falta de presupuesto.

Algunos jubilados han sido convocados por la Dirección de Administración del TSJ para anunciarles que ya está listo el presupuesto para comenzar a hacer los pagos retroactivos, a partir de las fechas estipuladas en sus decretos de retiro.
“Nos citaron porque ya fue publicado nuestro decreto y nos informaron que se nos pagará lo que se adeuda, porque el decreto nos concede el derecho para que esto se haga de manera oficial e inmediata”, indicó Leticia Pineda, una de las trabajadoras jubiladas.
Octavio Rosales Gutiérrez, director general administrativo del Poder Judicial, dijo que pese a los procesos jurídicos iniciados para conseguir presupuesto adicional para el rubro de pensiones, el TSJ mantuvo el pago del seguro social para que los trabajadores afectados pudieran contar con servicio médico.

Indicó que como ordenó la Corte, fueron publicados nuevamente los decretos de jubilación de 22 trabajadores, a quienes se les comenzarán a pagar sus pensiones de manera retroactiva.

Sin embargo, hay un número importante de trabajadores en retiro que también esperan que se les pague su pensión.

 

 

Logró una resolución favorable de un juzgado de distrito; el Congreso podría interponer recursos contra esa decisión.

El abogado Guillermo Arroyo Cruz pidió al Congreso de Morelos tomarle de inmediato protesta como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), luego de que un juzgado de distrito le concedió el amparo para efecto de que entre en funciones.

Luego de impugnar la decisión del Congreso de revocar su designación como magistrado del TJA y obtener la protección de la justicia federal, señaló que los diputados deberían tomarle protesta para ocupar el lugar que dejó vacante el magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano.

Afirmó que la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito fue contundente, al resolver que los diputados violentaron sus derechos humanos, al negarle la garantía de audiencia antes de revocar su designación y por no aplicar la ley, ya que la única vía para anular su nombramiento era través de un juicio político, lo cual era imposible al no poder entrar en funciones.

“Es un acto de justicia, la legislatura actual podría ya en este momento tomarme protesta incluso a través de un periodo extraordinario de sesiones, con un único punto del día o, en su defecto, la diputación permanente podría hacerlo”, dijo.

La sentencia fue notificada el 6 de agosto al Poder Legislativo, quien tiene 10 días hábiles para impugnar la sentencia ante un tribunal colegiado. Pero para Arroyo Cruz recurrir la resolución del juzgado de distrito, sería solamente “recursos dilatorios” para que la próxima legislatura atienda el asunto.

En agosto de  2015 Orlando Aguilar Lozano, ahora magistrado en retiro, promovió sendos amparos, cuando la anterior legislatura designó para ocupar su lugar como magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo, debido a que un juez federal concedió una suspensión  a favor de Aguilar Lozano, quien alegó que aún no concluía su periodo de ocho años y que era discriminado por razones de edad al haber cumplido 65 años, límite fijado entonces en la Constitución para el retiro forzoso.

En septiembre de 2017 la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo, pero Aguilar Lozano no sólo se mantuvo en el cargo al promover un nuevo juicio de garantías, sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo, y emitió una nueva convocatoria para sustituirlo, pero no prosperó.

En abril de 2018 Aguilar Lozano llegó un acuerdo con el Congreso, para obtener una pensión vitalicia como magistrado (y no a través de un haber de retiro) a cambio de dejar vacante la magistratura, mientras que Arroyo Cruz recurrió de nuevo a la justicia federal, que hace unos días le otorgó el amparo para tomar protesta.

La Segunda Sala del TJA actualmente está a cargo del secretario de acuerdos habilitado como magistrado, en tanto culmina el pleito jurídico y se define quien debe ocupar la magistratura que dejó vacante Orlando Aguilar. 

 

Exigen que no se deje impune el multihomicidio cometido en noviembre de 2016.

Familiares de cuatro estudiantes asesinados exigieron al Poder Judicial que no deje impune el crimen, ante la posibilidad de que los presuntos homicidas puedan ser liberados y absueltos.

Luego de que hace unos días uno de los implicados en el multihomicidio fue excarcelado porque el juez reclasificó el delito -a sólo encubrimiento-, las familias expresaron su descontento por la liberación.

En espera de ser recibidos por el gobernador, los padres de Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco, estudiantes asesinados tras acudir a una fiesta el 1 de noviembre de 2016, en el poblado de Ticumán, del municipio de Tlaltizapán, exigieron a la Fiscalía General del Estado y –especialmente- al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que no permitan que el crimen quede impune.

Manuel Carmona Zúñiga, tío de Alejandro -quien el día del homicidio festejaba su cumpleaños 17-, señaló que las familias decidieron exponer públicamente el caso para “exigirle a los jueces, a la fiscalía, que no dejen de hacer su trabajo, que hemos tolerado durante un año y siete meses la espera, pero –lamentablemente- hace un par de semanas dejaron en libertad a uno de los que presuntamente son responsables de este artero crimen”.

“Hay todavía detenidos, confiamos que el proceso lleve su cauce, de que el proceso se lleve a feliz término. No es sed de venganza, solamente es justicia; queremos que se queden en la prisión para que no le hagan daño a ningún joven más, para que no lastimen a ninguna familia morelense más. No podemos tolerar que este estado lleno de sangre y dolor se vaya con la libertad, como si no hubiera pasado nada”.

Recalcó que las familias se mantendrán prudentes, fuertes y no cesarán en su exigencia de justicia, pero “hoy le decimos a la fiscalía, al juez, a los jueces, que vamos a ser más observadores y que estaremos invitando a pedir justicia”.

Adelantó que fue apelada la liberación de Iván “N”,  uno de los implicados en el homicidio de los cuatro estudiantes,  quien obtuvo su libertad el pasado 20 de julio, luego de que un juez revocó la vinculación a proceso por homicidio calificado y reclasificó el delito a encubrimiento por favorecimiento, en cumplimiento de una sentencia de amparo.

“Pareciera que les están abriendo la puerta para que se vayan con total impunidad, no lo vemos a permitir, estaremos muy pendientes, más de lo que hemos estado”, advirtió, y señaló que estarán pendientes de que los otros seis detenidos y en prisión preventiva, acusados como responsables del multihomicidio, sean sentenciados y paguen por el crimen de los adolescentes.

El 1 de noviembre de 2016, Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco, estudiantes de la Preparatoria de Jojutla de la UAEM, festejaban el cumpleaños de uno de ellos y acudieron a una fiesta de Día de Muertos en la comunidad de Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán, pero no regresaron a casa.

Sus cuerpos fueron localizados un día después en el paraje conocido como “El Caracol”, en el municipio de Yautepec. De acuerdo con la FGE, las víctimas habrían tenido una riña con sus verdugos. Además de Iván “N”, existen otros detenidos que enfrentan procesos penales por el delito de homicidio calificado.

 

Entró en vigor al publicarse el decreto que le otorga el pago del 95 por ciento de su último salario; inconsistencias ponen en duda su supuesta antigüedad laboral.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la “pensión dorada” de Karina Arteaga Gutiérrez, otrora directora de Recursos Humanos del Congreso local y cuyo decreto de jubilación presenta presuntas irregularidades, al no cumplir la ahora ex funcionaria con la antigüedad para obtener como pensión el 95% de su último salario y al existir dudas sobre la autenticidad de sus constancias laborales.

Una revisión al decreto pensionario 3400, publicado este miércoles en el órgano oficial de difusión y al currículum vitae de Arteaga Gutiérrez, hace visibles varias inconsistencias que ponen en duda que la ex funcionaria haya laborado “a la fecha de su solicitud 27 años, 1 mes, 27 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido”.

Según el decreto, durante su trayectoria pública Karina Arteaga ocupó nueve cargos en administraciones municipales en el extinto Instituto Estatal Electoral y el Congreso de Morelos. El primero de ellos, cuando apenas había cumplido 16 años de edad y ya atendía asuntos financieros del Ayuntamiento de Tepalcingo.

Nació en Cuernavaca en agosto de 1973 (según su hoja laboral que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y actualmente tiene 45 años.  Siendo una adolescente, el 10 de septiembre de 1989 ingresó como auxiliar contable a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, donde laboró hasta el 31 de mayo de 1997.

En esta temporada no sólo laboró en el municipio ubicado en la región oriente de Morelos sino que paralelamente estudió la Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siendo egresada de la generación 1991-1996; y laboró o realizó su servicio social en la Contraloría General del Estado entre septiembre de 1995 y febrero de 1996, pues en un currículum vitae aseguró que desempeñó el cargo de auxiliar auditor (aunque este empleo no fue contemplado en el decreto).

Al culminar su labor como funcionaria de Tepalcingo, de inmediato se incorporó también como auxiliar en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, donde laboró del 1 de junio de 1997 al 30 de septiembre de 2003, es decir 6 años con 3 meses.

Pero es en este periodo donde se nota la primera inconsistencia en el cómputo de años trabajados al servicio del estado.  Al revisar el formato electrónico de dos diferentes currículos vitae de Arteaga Gutiérrez, uno del Congreso y otro del órgano electoral, se advierte que durante estos seis años no laboró en el ayuntamiento  de Atlatlahucan sino en dos empresas del rubro farmacéutico establecidas en la Ciudad Industrial de Cuernavaca  (Civac) en el municipio de Jiutepec.

De acuerdo con la hoja laboral de la ex directora de Recursos Humanos del Congreso, ella trabajó en el consorcio Inter MG S.A. de C.V.  de marzo de 1997 a mayo 2001 como analista contable y en la empresa Investigación Farmacéutica S.A. de C.V. de agosto de 2001 a julio a 2003 como asistente de gerencia.

El 1 de octubre de 2003 y hasta el 15 de marzo de 2004 ingresó como auxiliar contable en la bancada parlamentaria del partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano y del que es militante) y del 15 de marzo al 23 de noviembre de 2004 laboró como coordinadora administrativa del grupo parlamentario del partido que sigue liderado por Jaime Álvarez Cisneros, ex diputado y otrora operador político de la actual administración.

El 1 de diciembre de ese año, Karina Ortega fue designada brevemente como consejera electoral en el extinto Instituto Estatal Electoral, cargo que ocupó por poco más de 8 meses (del 1 de diciembre de 2004 al 12 de agosto de 2005).

Fue hasta el 1 de noviembre de 2006 cuando Karina Arteaga se reincorporó nuevamente, pese a su experiencia obtenida y los cargos ocupados, como auxiliar contable de la Tesorería Municipal de Atlatlahuacan hasta el 30 de septiembre de 2008.

Días después, el 14 octubre de 2008 fue designada titular de la Unidad de Evaluación de la entonces Auditoría Superior de Fiscalización, donde laboró hasta el 30 de junio de 2015.

Del 23 de septiembre al 27 de octubre de 2015 se desempeñó como subdirectora de recursos humanos del Congreso y del 28 de octubre de 2015 al 14 de mayo de 2018 ocupó su último cargo como directora de recursos humanos del Poder Legislativo.

Conforme al recuento de las fechas estipuladas en el decreto, la ex funcionaria tendría 26 años 11 meses y un día de servicio, y no los más de 27 años para obtener una pensión al 95% de su último salario como lo establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

A ello se suma que durante seis años no habría laborado en el municipio de Atlatlahuacan sino en la iniciativa privada y cuyo tiempo se tendría que restar a los años laborados al servicio del estado, así como el porcentaje de la pensión. Además, de investigarse si las constancias laborales expedidas por los ayuntamientos y dependencias gubernamentales son o no auténticas.

Hasta el momento no hay un cifra confirmada del último salario de la ex funcionaria, pues en la última nómina del Congreso disponible en internet –que data de 2016- dice que el salario mensual, sin incluir compensaciones, es de 15 mil pesos menos deducciones. Al aprobarse el decreto, se estimaba que la remuneración de Karina Arteaga oscilaba entre los 30 mil y 40 mil pesos.

Karina Arteaga Gutiérrez by uniondemorelos on Scribd

 

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