Maciel Calvo

Maciel Calvo

La suerte del exedil y exdiputado será decidida en las próximas horas por un juez federal.

En las próximas horas un juez federal deberá determinar la situación jurídica del exalcalde de Amacuzac y exdiputado local Alfonso Miranda Gallegos, quien fue detenido este fin de semana por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, confirmó la detención y detalló que la División de Investigación de la Policía Federal realizó un operativo simultáneo en Tecámac, Estado de México, y Amacuzac, Morelos, que derivó en la detención de Mirando Gallegos y de Sergio “N”, quienes son identificados como presuntos colaboradores cercanos de Santiago Mazari Hernández, líder del grupo delictivo de “Los Rojos”, con fuerte presencia en Guerrero y Morelos.

Sales Heredia detalló que el exdiputado por el Partido del Trabajo y tío de Santiago Mazari intentó ocultarse de la autoridad federal al hacerse pasar como operador de una línea de transporte en el Estado de México.

Sin embargo, al obtener su ubicación y la orden de aprehensión por parte de juez de distrito, se ejecutó su detención por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada, y en el momento se le leyeron sus derechos y se respetaron sus derechos humanos.

Se espera que en las próximas horas un juez federal determine su situación jurídica.

La detención de Miranda Gallegos ocurrió luego de que la semana pasada reapareció a las afueras del penal de Atlacholoaya para esperar y celebrar la liberación del alcalde con licencia de Tlaquiltenango y candidato independiente a la diputación federal por el IV Distrito, Enrique Alonso Plascencia, quien fue detenido por la presunta autoría intelectual del homicidio de un hombre que ocurrió el 17 abril pasado y, posteriormente, absuelto de la imputación por un juez debido a la falta de elementos.

Durante su gestión como alcalde  de Amacuzac y diputado local, Miranda Gallegos, de 62 años, fue reiteradamente señalado por pobladores y autoridades estatales de estar implicado en ilícitos. El comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, en diversas ocasiones señaló también al exedil no sólo por su familiaridad con el líder de “Los Rojos”, sino por su posible participación en actividades ilícitas.

La presidenta del TSJ señala que los otros poderes deben destinar recursos para el pago de los decretos pensionatorios 


Cuernavaca, Morelos.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carmen Verónica Cuevas López aseguró que los jubilados que no reciben pensión por falta de presupuesto fueron apoyados con préstamos, y responsabilizó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la situación precaria que viven los trabajadores en retiro.

En una breve entrevista, tras su polémica reelección, afirmó que la solución al tema del adeudo de las jubilaciones es un asunto que “no está en esta cancha” y el TSJ procuró apoyar a los pensionados con préstamos para sobrevivir mientras se resuelven sus asuntos.

“Los jubilados es (sic) un tema que no es del Poder Judicial, es un tema que está en el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial hizo lo propio para que nos den la partida presupuestal para ellos, como reiteradas veces se los he comunicado, tan es así que hubo un apoyo de este Poder Judicial al estar haciéndoles un préstamo para que ellos puedan seguir subsistiendo, pero el tema de los jubilados no está en esta cancha”, dijo en alusión a diversas resoluciones dictados por la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) en controversias constitucionales, que ordenan a ambos poderes etiquetar recursos para el pago de las pensiones.

Este lunes, nuevamente un grupo de trabajadores en retiro que piden el pago de sus jubilaciones volverán a instalar su plantón en la explanada del Palacio de Justicia y exigir a la magistrada presidenta del TSJ una solución inmediata. En tanto, en la SCJN están en curso al menos cinco denuncias de incumplimiento de sentencia en las se apercibió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que destinen recursos para el pago de algunos decretos jubilatorios.

El Legislativo de Morelos promovió una controversia constitucional contra la decisión del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de habilitar a un secretario de acuerdo para atender asuntos de la Segunda Sala, tras la jubilación del magistrado Orlando Aguilar Lozano.

El Congreso de Morelos promovió una controversia constitucional contra la decisión del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de habilitar a un secretario de acuerdo para atender asuntos de la Segunda Sala, tras la jubilación del magistrado Orlando Aguilar Lozano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia 93/2018, promovida por la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, quien se ostentó como representante del Congreso local ante la licencia temporal de la diputada presidenta Beatriz Vicera Alatriste.

Figueroa Peralta expresó su inconformidad con el acuerdo del Pleno del TJA por el cual ordenó habilitar al secretario de acuerdos, José Juan Juárez Lago, como encargado de despacho de la Segunda Sala, con todas la facultades previstas en el artículo 28 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, hasta en tanto el Poder Legislativo realiza la designación del nuevo magistrado propietario que sustituirá a Aguilar Lozano.

Sin embargo, el ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo se reservó resolver sobre la admisión o no del medio de control constitucional hasta que Figueroa Peralta justifique su legitimidad jurídica y remita las constancias necesarias que justifiquen la ausencia de la presidenta de la Mesa Directiva.

El pasado 19 de abril, después de un largo litigio, entró en vigor el decreto de jubilación como magistrado de Orlando Aguilar Lozano, quien dejó vacante la Segunda Sala. No obstante, el Congreso desde tiempo atrás había iniciado el proceso para nombrar a un nuevo magistrado. Pero en tanto, el Pleno del TJA determinó necesario que el secretario de acuerdos se hiciera cargo de los asuntos en trámite de dicha sala.

 

Por “unanimidad”, Carmen Cuevas López se reeligió por un segundo periodo como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en una sesión extraordinaria de Pleno Solemne convocada de manera exprés con menos de dos horas de anticipación. 
La sesión no duró más de 15 minutos y los 13 magistrados asistentes (incluida la magistrada supernumeraria, Leticia Taboada, que cubre la ausencia de Nadia Luz Lara Chávez) colocaron sus votos “secretos” a favor de Cuevas López en una caja de madera, los cuales fueron leídos en voz alta; incluso, uno de ellos tenía la frase “con la bendición de Dios”, en alusión al pragmatismo religioso de la magistrada presidenta reelecta. 
Al proclamarse el triunfo, Cuevas López se tomó ella misma la protesta y los magistrados se levantaron de sus asientos y reverenciaron a la presidenta reelecta, quien presidirá el TSJ y ostentará la representación de Poder judicial hasta el 17 de mayo de 2020. 
A la sesión no acudieron los magistrados numerarios Andrés Hipólito Prieto, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles y el magistrado supernumerario (con voz pero sin voto) Norberto Calderón Ocampo, quienes previamente se pronunciaron en contra de la reelección.

Cuevas “madrugó” a sus rivales  


De acuerdo con magistrados inconformes, fue hora y media antes de la sesión cuando de manera inesperada les fue notificada la convocatoria para sesión de Pleno extraordinario. La convocatoria fue precedida por un cónclave en un lujoso hotel de Jiutepec, donde Carmen Cuevas afianzó el voto de la mayoría de los magistrados y ordenó convocar de manera inmediata al Pleno. 
Los magistrados Carlos Iván Arenas e Hipólito Prieto fueron los primeros en manifestar su sorpresa y su oposición tanto a la realización de la sesión como la inminente reelección, por tres razones: la primera, porque no se cumplía con la formalidad ni la solemnidad del acto al haber sido una convocatoria improvisada; la segunda, porque el plazo para la elección vencía hasta el 17 de mayo y el magistrado Hipólito Prieto, quien aspiraba a la presidencia, apenas comenzaba el cabildeo; y la tercera, porque había un pacto verbal y moral entre Carmen Cuevas y un grupo de magistrado que la apoyaron hace dos años, para que no se reeligiera y a cediera la presidencia  Andrés Hipólito.
“Al hacerlo de esta forma lo único que denota es la poca transparencia, la falta de legalidad en el desarrollo de este tipo de sesiones, que es una característica que ha distinguido a esta administración a lo largo de estos dos años. 
“Evidentemente que estaremos analizando la posibilidad, y por supuesto que esto no será una decisión particular sino de un grupo que no estamos de acuerdo, para impugnar esta decisión”, dijo el magistrado, Carlos Iván Arenas. 
El magistrado Andrés Hipólito Prieto expresó su desconcierto porque comenzaba el cabildeo con sus homólogos respecto a su aspiración a la presidencia del TSJ, y hasta había elaborado un documento que exponía 10 razones institucionales del porqué Carmen Cuevas no debía ser reelecta y solicitaba que sus homólogos expusieran con cinco puntos a favor de la presidenta. 
Acusó que los magistrados que votaron por Carmen Cuevas fue porque “les ha nombrado jueces a hijos (en diversos puestos del TSJ), porque les ha nombrado hermanos en esta administración, porque les ha ayudado políticamente, y entonces la institución pasa a segundo término”. 
Afirmó que “con este madruguete me atan de manos”, al no permitirle siquiera la oportunidad de exponer su ideas y argumentos, ni llamar al voto de conciencia a sus homólogos. 
El magistrado Arenas Ángeles recordó que hace dos años, cuando apoyaron a la elección de Carmen Cuevas y enfrentaron al bloque de la expresidenta Nadia Luz Lara Chávez, se hizo un acuerdo escrito (que no se firmó), moral y verbal de que, al concluir sus dos años de administración, ella cedería la presidencia a Andrés Hipólito. 
Incluso, recordó que en ese entonces también el magistrado, Miguel Ángel Falcón, se sumó al acuerdo que ayer fue roto. 
Al cuestionar si fue un acto de traición la reelección de Carmen Cuevas, afirmó “sí, es una traición, el acuerdo era que seguía (en la presidencia) el magistrado Andrés Hipólito. Cuando se eligió al magistrado Falcón (como presidente del TSJ) el magistrado Hipólito cedió. Para poder elegir a la magistrada Cuevas, se hizo a un lado el magistrado Andrés,  y el acuerdo era que la siguiente era para magistrado Hipólito, entonces hay una traición, una falta congruencia y una falta de compromiso institucional”. 
Agregaron que impugnarán la reelección y advirtieron que habrá una reacción en su contra, y hasta una posible persecución en su contra por su postura crítica a la presidenta.
En una breve entrevista posterior a su reelección, la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, negó que haya existido premura, ilegalidad o un madruguete en su reelección, así como rechazó opinar sobre la supuesta traición a un grupo de sus homólogos.

En una convocatoria sorpresiva y apresurada, en sesión de Pleno, con 13 votos a favor y ninguno en contra fue reelecta Carmen Cuevas López como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El magistrado, Andres Hipólito Prieto, que aspiraba a la presidencia, reclamó el madruguete y que no se le haya dado oportunidad de cabildear y convencer con sus homólogos.

La convocatoria se hizo varias días antes de que concluyera el actual periodo de la presidenta y comenzó a circular ayer mismo.

En el documento se citaba a los magistrados a una sesión extraordinaria para desahogar cuatro puntos, el segundo de los cuales era la elección del magistrado presidente para un periodo de dos años que culmina en mayo del 2020.

El siguiente punto era la toma de protesta, que poco antes de las tres de la tarde se había realizado y con eso se consolidaba el segundo periodo de la magistrada.
 

En una convocatoria sorpresiva y apresurada de sesión de Pleno, fue reelecta María del Carmen Verónica Cuevas López como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Cuevas López fue reelecta con 13 votos a favor y ninguno en contra.

El magistrado Andrés Hipólito Prieto, que aspiraba a la presidencia, reclamó el madruguete y que no se le haya dado oportunidad de cabildear y convencer con sus homólogos.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, convocó hoy a la celebración de una sesión extraordinaria de Pleno, en la que se llevará a cabo la elección del magistrado presidente del TSJ.

Lo anterior, para el periodo comprendido del 18 de mayo de 2018 al diecisiete de mayo de 2010.

Se tiene previsto que la sesión extraordinaria de Pleno público solemne se celebre a las 14:00 horas; en el orden del día también se incluye la toma de protesta del magistrado presidente electo.

Requiere el cumplimiento de sentencias sobre la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a ejercer presión sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo para que cumplan con sus sentencias respecto de la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El TSJ promovió las primeras cinco denuncias de incumplimiento por aplicación de normas generales o actos declarados inválidos en la controversia constitucional en contra de ambos poderes, por no etiquetar fondos para solventar los decretos jubilatorios de trabajadores judiciales que fueron aprobados por los diputados.

Estas primeras denuncias corresponden al incumplimiento de cinco controversias constitucionales promovidas desde 2016 y en las que el máximo tribunal del país ordenó al gobierno de Morelos y al Congreso local dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para  cumplir con sus obligaciones laborales y no violentar los derechos de los pensionados.

Incluso la SCJN apercibió a las autoridades responsables que, en caso de no presentar pruebas de cumplimiento, se impondrán multas y las medidas de apremio que sean necesarias.

Desde hace dos años, cuando Carmen Cuevas López asumió la titularidad del TSJ, comenzó la promoción de controversias constitucionales, que a la fecha suman más de 150, en las que la representación del Poder Judicial alegó no tener presupuesto para solventar las nuevas jubilaciones autorizadas por el Congreso.

En los últimos días, un grupo de jubilados se ha manifestado a las afueras del tribunal para exigir el pago de sus pensiones.

La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF también ordenó el registro de candidatos a regidores por Morena en Cuernavaca.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) desechó las impugnaciones promovidas por la perredista y exdirectora del Instituto de la Mujer Teresa Domínguez Rivera, quien, por la vía del litigio, aspiraba a obtener la titularidad de la candidatura al Senado asignada a Hortencia Figueroa Peralta. Además, la Sala ordenó el registro de candidatos a regidores en Cuernavaca por Morena.

Al resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SCM-JDC-257/2018 y SCM-JDC-290/2018, la autoridad electoral decidió declarar infundado el primer recurso y desechar en consecuencia el segundo, en los que Domínguez Rivera alegó que, en el proceso de sustitución de candidaturas, le tocaba pasar de suplente a propietaria de la candidatura a la senaduría.

De acuerdo con la sentencia de la sala regional, “se considera que la designación directa por parte del Comité Ejecutivo Nacional (de la diputada local, Hortencia Figueroa Peralta) se encuentra legalmente sustentada en una facultad extraordinaria, que es consecuente con el principio de libertad de autodeterminación, pues se trata de un método subsidiario o emergente de designación ante el riesgo de que el partido pudiera quedar sin candidatura.

“Finalmente, contrario a lo manifestado por la actora, dentro de la normatividad interna aplicable no se prevé como criterio que en el caso de sustitución de candidatura deba elegirse a quien haya fungido como suplente”, remató.

La Sala Regional Ciudad de México también revocó el acuerdo del Consejo Electoral Municipal de Cuernavaca por el cual negó registrar la lista de candidatos a regidores de Cuernavaca por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al ser extemporáneo.

En su sentencia, el órgano jurisdiccional ordenó el registro debido a que, si bien se presentó extemporáneo, esto se debió al cumplimiento de una sentencia del tribunal electoral federal que ordenó reponer las asambleas municipal y distrital para la designación de candidatos.

El fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que se continúa con la búsqueda y localización de los presuntos responsables del ataque a un bar el fin de semana en Plaza Marina y de herir a varias personas.

“Estamos investigando, estamos en la recopilación de videos, de geolocalizaciones telefónicas y de testimonios para estar en condiciones de pedir una orden de aprehensión formalmente en contra de los responsables”, dijo.

Indicó que ya están identificados varios de los presuntos agresores que, tras sostener un pleito al interior del bar “La Metiche” aparentemente con el gerente del lugar, fueron corridos del establecimiento y luego regresaron para balear el lugar la madrugada del 29 de abril.

El resultado de la agresión fue de 12 personas lesionadas, siete de ellas con arma de fuego.

Según la Comisión Estatal de Seguridad, los agresores fueron identificados como Axel Daniel, de 19 años y apodado “El Niño”, quien cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y homicidio; Miguel Alexis, de 32 años, relacionado con el delito de violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos y delitos contra la salud, y Carlos “N”, quien no cuenta con antecedentes penales.

Pese a que en Plaza Mariana han ocurrido varias agresiones simulares a clientes y trabajadores, el fiscal estatal señaló que el lugar se mantendrá acordonado por la FGE y clausurado por la autoridad municipal de Cuernavaca, pero se abstuvo de hacer cualquier sugerencia sobre el futuro de esta plaza ante este tipo de acontecimientos recurrentes, por considerar que eso es competencia de otras autoridades. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó constitucional la negativa de beneficios preliberacionales a sentenciados por el delito de secuestro.

De acuerdo con la resolución de la Primera Sala de la SCJN del amparo en revisión 1074/2017, se estableció que la negativa a otorgar los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena, prevista en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, no vulnera la dignidad humana, las garantías de igualdad y no discriminación, ni el derecho fundamental a la reinserción social ni impone una doble sanción.

Detalló que la restricción no se opone a la previsión contenida en el artículo 18 constitucional, porque la concesión de los beneficios preliberacionales no es una obligación constitucional sino una facultad para el legislador ordinario, quien, por razones de política criminal, consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios a fin de desalentar ciertas conductas, o en su defecto, lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Así, los condicionamientos que se imponen se insertan en el válido marco de política criminal que el artículo constitucional 19 delega al legislador para determinar en qué casos no deben concederse beneficios, los que adquieren una connotación eminentemente instrumental, ya que son medios adecuados para generar los resultados, y fines que se adscriben al régimen penitenciario.

La norma, tildada de inconstitucional –precisó–, no vulnera la garantía de igualdad, ya que permite tratar del mismo modo a los sentenciados que se ubican en la misma hipótesis normativa o que resultaron responsables del mismo ilícito penal, además de ser congruente con los fines perseguidos por la reinserción social.

Tampoco –recalcó– constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos fundamentales, pues se justifica objetiva y razonablemente en la mayor relevancia penal de las conductas delictivas allí previstas, así como el impacto más grave que tienen en la afectación a la seguridad y salud públicas como bienes jurídicos protegidos por las normas penales.

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