Maciel Calvo

Maciel Calvo

La CES niega el uso excesivo de la fuerza pública en los hechos.

Mientras la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) abrió una queja por probable abuso policíaco en contra de un chofer de la Ruta 10, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) aseguró que existen más videos que ofrecen otra versión de los hechos y que permitirán esclarecer si los policías actuaron o no conforme a los protocolos de uso racional y proporcional de la fuerza pública.

A través de un comunicado, el organismo informó que al conocer el caso por medio de redes sociales, de oficio inició la investigación con el número de queja 232/2018-3, a cargo de la tercera visitaduría, y solicitó informes a las autoridades correspondientes para conocer el fondo del asunto y resolver atendiendo a la máxima protección de los derechos humanos.

Y es que de acuerdo con el video viralizado a través de Facebook, tras un incidente de tránsito en el que presuntamente una unidad de la Ruta 10 impactó ligeramente la parte trasera de una patrulla, se observó que uno de los policías que tripulaba el vehículo oficial abrió la puerta del copiloto de la ruta y subió a golpear o empujar al operador, quien finalmente descendió del vehículo para ser jaloneado y golpeado por un segundo policía, y luego sometido con una llave en el cuello y con la colocación de esposas.

Para la CDHEM, “resulta de justa mención, que el actuar de estos elementos contrasta enormemente con el desempeño de policías que cumplen a cabalidad su tarea de hacer cumplir la ley”.

“Contrasta con los esfuerzos del policía Lázaro Barona Bueno, caído recientemente en el cumplimiento de su deber. Por lo que lamentamos que elementos como los hoy señalados como responsables de un abuso a la ciudadanía, empañen el buen desempeño de muchos otros elementos, estigmatizando así la labor de las fuerzas policiacas y acrecentando la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía”.

Por ello, señaló, “consideramos necesario visibilizar, condenar y castigar toda práctica que vulnere el estado de derecho y las prerrogativas de las y los ciudadanos”, y “el asunto policiaco será investigado, como en otros casos, de manera exhaustiva para visibilizar el estado incompleto de formación y capacitación en derechos humanos de elementos policiacos”.

Para el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, el video difundido en Facebook ofrece sólo una versión de los hechos ocurridos la tarde del martes sobre la avenida Río Mayo de Cuernavaca.

Explicó que el caso ya está bajo la jurisdicción de la Comisión de Honor y Justicia de la CES, que analiza otros videos que no se han hecho públicos y que fueron aportados por otro particular, que pidió mantener su identidad en reserva.

El comisionado consideró que “no hubo uso excesivo de la fuerza pública” y que el elemento policíaco “aplicó adecuadamente” la técnica de sometimiento al chofer de la ruta.

“El protocolo del uso de la fuerza (pública) así lo marca, que uno debe de hacer uso razonable de la fuerza y en la proporción, él (el policía) nunca sacó un arma; él usó una técnica de sometimiento que es un uso adecuado.

“El chofer no se quiso bajar voluntariamente. Les repito: hay dos videos que no quiero decir más (de su contenido) porque los está analizando asuntos internos. Esos videos ustedes no los han visto, los proporcionó un particular y el particular no quiere que su nombre salga a la opinión pública”, dijo.

Insistió en que será la Comisión de Honor y Justicia la que determinará si los elementos implicados en el caso actuaron o no debidamente, conforme a los videos, los testimonios y demás pruebas que se aporten para evaluar la actuación policial.

Respecto al caso de otro presunto abuso perpetrado por tres elementos, el pasado 21 de octubre, el titular de la CES indicó que los agentes implicados también comparecerán ante la Comisión de Honor y Justicia por la agresión de un joven comerciante y su perro, además de los cargos penales que enfrentarán, debido a que la CES pidió a la víctima que promoviera una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la agresión.

La Primera Sala ratifica el derecho de las personas de decidir las actividades lúdicas que desean realizar.

La Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) creó jurisprudencia al resolver el quinto amparo en revisión, en el que reiteró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta para el consumo recreativo de marihuana en México.

A propuesta de los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la Primera Sala de la Suprema Corte aprobó, con cuatro votos a favor y uno en contra, los amparos en revisión 547/2018 y 548/2018, en los que, por quinta ocasión, confirmó el criterio de inconstitucionalidad y sostuvo que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan —sin interferencia alguna— qué tipo de actividades lúdicas desean realizar y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección.

También, aclaró que ese derecho no es absoluto y que podría regularse el consumo de ciertas sustancias, pero las afectaciones que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta a su consumo.

En consecuencia, ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que autorizara a los quejosos consumir personalmente marihuana, sin que eso les permita comercializarla ni utilizar otros estupefacientes o psicotrópicos.

Este criterio fue sostenido por primera vez el 4 de noviembre de 2015 a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar (amparo en revisión 237/2014) y fue reiterado posteriormente en los amparos en revisión 1115/2017 y 623/2017. Entonces, al existir cinco precedentes en el mismo sentido sobre el tema, el criterio será obligatorio para todos los tribunales del país.

A través de diversos medios de comunicación nacionales, el abogado Andrés Aguinaco, quien ha fungido como representante legal de los promotores de los amparos, consideró histórico el precedente y declaró que una vez que la SCJN notifique de sus resoluciones al Congreso de la Unión y el Senado de la República, éstos tendrán un plazo de 90 días para debatir y modificar las leyes mexicanas para regular el mercado legal del cannabis.

Es decir, la jurisprudencia implica esencialmente: uno, que los jueces y magistrados concedan el amparo a quienes reclamen su derecho legal al consumo lúdico de la marihuana; y dos, se abre la ruta para modificaciones a la legislación penal y en materia de salud. 

 

La CES anuncia un operativo especial de seguridad.

Las autoridades estatales realizarán a partir de hoy un operativo especial de seguridad, debido a que se espera una oleada de visitantes de la Ciudad de México durante el asueto del Día de Muertos, debido a la suspensión parcial y total del suministro de agua potable en más de 500 colonias de las 16 alcaldías de la capital del país por el mantenimiento del Sistema Cutzamala.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, informó que en el operativo también participarán la Vigésima Cuarta Zona Militar y la Policía Federal, con la intención de mantener el orden y prevenir el delito.  

Consideró que debido a la escasez de agua en la Ciudad de México durante los próximos cuatro días, se tiene previsto recibir un número importante de visitantes citadinos, además de turistas de entidades vecinas.

“Sabemos que en la Ciudad de México no va haber agua y que seguramente muchos citadinos vengan a pasar estos días de descanso acá al estado de Morelos. Entonces estamos reforzando nosotros con la policía estatal, policías municipales y también con la Sedena, que nos va a apoyar en recorridos, patrullajes en los panteones, principalmente”, dijo.

Además, la Policía Federal aumentará su presencia en los principales accesos carreteros a la entidad, ante la previsión de que incrementará significativamente el aforo vehicular.

 

Alcaldes electos protestan por el método utilizado para asignar esos cargos, que dejará a los partidos ganadores en minoría.

Presidentes municipales y síndicos electos exhortaron a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a invalidar el criterio adoptado por la Sala Regional Ciudad de México, que impediría que tengan mayoría en los Cabildos y ocasionaría problemas de gobernabilidad en 31 de 33 municipios.

La polémica tuvo su origen en la asignación de regidores que hizo el Instituto de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), quien basó la distribución en el artículo 18 del código electoral local que refiere que, para establecer los límites permitidos de sub y sobrerrepresentación, debe tomarse en cuenta la misma fórmula para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, que incluye a todos los integrantes del Congreso.

Es decir, para asignar a los regidores debía tomarse en cuenta al presidente y síndico electo. Inconformes, partidos políticos y candidatos afectados, impugnaron la decisión del Impepac ante el Tribunal Estatal Electoral (TEEM).

El tribunal local, al resolver las inconformidades, ordenó revocar la asignación realizada por el Impepac y concretar una nueva distribución sin contar a alcaldes y síndicos electos. De nueva cuenta, el asunto fue impugnado pero ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, quien contradijo al TEEM y revocó sus sentencias, con el fin de validar la asignación original de regidores que realizó el instituto. Ahora, las inconformidades están en la Sala Superior, quien resolverá en definitiva.

En rueda de prensa, el alcalde electo de Tototolapan, Sergio Omar Liviera, quien fungió como vocero, afirmó que la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México anuló el sistema de mayoría a favor de los presidentes y síndicos, que fue otorgado y legitimado por los ciudadanos con su voto.

Señaló que los alcaldes y síndico fueron colocados en una posición de desventaja al otorgarse regidurías a partidos que, incluso, quedaron en cuarto y quinto lugar, además de negarles la posibilidad de contar con regidores de sus mismos partidos o coaliciones.

“La decisión de la Sala Regional pone en riesgo la posibilidad de cumplir con los compromisos y propuestas de campaña, mismas que recogen demandas y aspiraciones ciudadanas.

“Las nuevas autoridades municipales somos enfáticos en considerar que con decisiones ‘legales’ de este tipo, se pone en riesgo la gobernabilidad de los municipios, toda vez que la ciudadanía optó de manera decidida por los candidatos de elección popular, así como un proyecto de gobierno municipal que garantizará el cumplimiento de las promesas de campaña”.

“Expresamos que en más de un municipio, es posible que de implementarse la decisión inicial de referencia, pueda existir la posibilidad de movimientos sociales para impedir la presencia de personas por las que la población no voto mayoritariamente”, advirtió.

Informó que un grupo de autoridades municipales electas acudieron a la Sala Superior para exponer la situación y los motivos de informidad, en espera de que los magistrados del máximo tribunal electoral del país puedan resolver de manera acertada los recursos de inconformidades

“Es necesario que las sentencias de los tribunales electorales del país sean sensibles al momento político que viven la nación”, sostuvo y precisó que fue impugnada la asignación de regidores en 31 de los 33 municipios de Morelos.

Recalcó que hay casos tan graves en los que, a pesar de que el edil y síndico obtuvieron una votación superior al 35%, no se les asignó ningún regidor de su partido o coalición.

Manifestó que, aun cuando faltan meses para la toma de protesta y la asignación de regidores está subjudice, ya hay quienes se han adelantado a condicionar su voto en el Cabildo a cambio de prebendas.

“Hoy es un problema social que vemos venir, puesto que en algunos casos, en algunos municipios, los propios compañeros presidentes nos han dicho que ya están gestando un estrategia para ver qué van a pedir, cuál va a ser su pliego petitorio de los regidores para la aprobación de Cabildo de cuentas públicas, entre otros. Es el riesgo que le vemos de ingobernabilidad que habría en el interior del Cabildo”.

Detalló que 17 municipios cuentan con un cabildo integrado por tres regidores y en estos casos al alcalde no le fue asignado ningún regidor de su partido o coalición, poniéndolo en desventaja numérica y política. La situación, dijo, es similar en los cabildos con cinco regidores y, en los casos de cabildos con siete concejales, a los ediles a penas se les asignó a caso uno.

En la rueda de prensa participaron ediles y representantes electos de al menos 15 municipios. 

 

 

Se manifestaron en la SCJN para pedir a los ministros de la Primera Sala que aperciba al Congreso de Morelos para que emita los nuevos decretos pensionarios.

Un grupo de trabajadores jubilados del Poder Judicial de Morelos realizó una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir a los ministros de la Primera Sala que aperciba al Congreso de Morelos para, a la brevedad posible, emita los nuevos decretos pensionarios, pues más de una veintena de empleados judiciales en retiro tienen más de un año sin percibir un ingreso.

Con pancartas, los jubilados acudieron a la sede del máximo tribunal del país en la Ciudad de México, como medida de presión para que tanto la Corte como el Congreso, aceleren los procesos legales para que pronto puedan recibir su pensión.

Y es que parte del cúmulo de las controversias constitucionales promovidas por la representante del Poder Judicial de Morelos, Carmen Cuevas López, para reclamar presupuesto para pagar la nómina de nuevos jubilados, fueron resueltas por la Primera Sala de la SCJN que en sus resoluciones, determinó invalidar los decretos pensionarios y ordenó al Congreso local emitirlos de nuevo, con su respectiva partida presupuestal asignada.

De acuerdo con los afectados, el Congreso (cuya legislatura fue renovada apenas hace dos meses) no ha cumplido con su responsabilidad legal de emitir los nuevos decretos para que los trabajadores puedan recibir sus pensiones.

Elsa Gallardo Villagómez, con 26 años de carrera judicial y ex secretaria de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), explicó que la protesta tuvo como objetivo llamar la atención de los ministros y pedirle que la SCJN presione al Congreso con apercibimientos, para que emita los nuevos decretos, porque al menos 26 trabajadores tienen varios meses, o hasta más de un año, sin percibir su pensión, debido a que el Poder Judicial suspendió los pagos.

Los trabajadores también lanzaron un exhorto a la actual legislatura para que cumpla con los mandatados de la SCJN y se atienda adecuadamente el tema de los jubilados del Poder Judicial.

 

 

Un grupo de trabajadores jubilados del Poder Judicial de Morelos realizaron, este martes, una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Piden a los ministros de la Primera Sala de la SCJN que aperciba al Congreso de Morelos para que, a la brevedad posible, emita los nuevos decretos pensionarios.

Lo anterior, pues más de una veintena de empleados judiciales en retiro tienen más de un año sin percibir un ingreso.

Inició durante el fin de semana.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) implementaron un operativo de seguridad en la zona boscosa del municipio de Tlalnepantla, con el objetivo de prevenir la caza furtiva y proteger la fauna de la región.

De acuerdo con la CES, de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, desde el fin de semana inició el operativo, el cual se desarrolló con apego a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

“La captura, acopio, transporte, compra y venta ilegal de fauna silvestre constituye un delito federal, además de la portación de armas de fuego no registradas, y conlleva acciones en contra de aquellas personas que sean sorprendidas cometiendo cualquiera de estas actividades”, explicó el titular de la dependencia, José Antonio Ortiz Guarneros.

El despliegue táctico se realizó en la zona limítrofe del municipio de Tlalnepantla con el Estado de México y la Ciudad de México, en donde participaron personal de unidades especiales, infantería motorizada, vehículos todo terreno y helicópteros, para realizar acciones de protección de las especies en peligro de extinción y en respuesta a las denuncias de ciudadanos de la región.

Se aplicará en el municipio de Cuernavaca y establece sanciones económicas a quienes incurran en descuido, crueldad y maltrato de los animales domésticos

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor el Reglamento para el Bienestar Animal del Municipio de Cuernavaca, que regula las actividades de control, acopio, protección y bienestar de los animales domésticos y establece sanciones económicas a quienes violenten la norma con actos de descuido, crueldad y maltrato.

El nuevo reglamento, que subsana el vacío normativo, tiene como objetivo la protección y el bienestar de animales que estén bajo el dominio, posesión, cuidado o control directo de una persona física o moral; promover y difundir en la sociedad, un trato humanitario hacia los animales; erradicar y sancionar todo acto de maltrato y crueldad que se cometa en contra de los animales.

Con base en la nueva norma municipal, es obligación del dueño o encargado de animales domésticos mantenerlos sanos, bien alimentados y cuidados, así como, contar con el carnet de vacunación y desparasitación de cada uno y en especial, el Certificado Oficial de Vacunación Antirrábica vigente, el cual será exigido por las autoridades en caso de que el animal haya agredido a una persona.

Cuando las personas transiten con  sus perros en la vía pública, los canes deben portar collar o pechera con correa o cadena para sujetarlos, pues si el animal agrede a algún peatón o animal similar, deberá el propietario o responsable tomar las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la libre convivencia.

En el caso de fraccionamientos, la tenencia de animales domésticos será regulada por el Reglamento Interno de Colonos, pero en caso de no existir éste o de tener vacíos legales en lo que respecta a las mascotas, la autoridad competente únicamente actuará como mediador al exhortar al o los propietarios del o los animales a respetar los derechos de los vecinos presumiblemente afectados

En el reglamento se  prohíbe a los propietarios de animales domésticos abandonarlos en la vía pública; incitar a los animales a la agresión, ya sea entre animales o hacia seres humanos; fomentar, intervenir, presenciar y/o participar en peleas de perros; comercializarlos en la vía pública, sin el permiso por escrito de la autoridad; la defecación en la vía pública, a menos de que recojan las heces y procedan a depositarlas en los recipientes de recolección de basura públicos o dentro de su propio domicilio; situarlos a la intemperie o en azoteas sin el resguardo adecuado, respecto a las circunstancias climatológicas y/o condiciones que los dañen.

También está prohibido dejarlos atados en la vía pública o en predios baldíos sin vigilancia y protección; mantenerlos dentro de locales destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, manipulación y transporte de alimentos, con excepción de lugares “Pet Friendly”, o perros guías de personas en situaciones de discapacidad; utilizarlos para actos de magia, ilusionismo o espectáculos que les causen sufrimiento, dolor o estrés; agredir, maltratar o atropellar intencionalmente a los animales que se encuentren en la vía pública, así como dejar animales atropellados, sin asistencia médica, ya sea que el accidente sea o no intencional.

De igual forma, se regulan las condiciones en que los perros confinados en el Centro de Acopio deberán ser alojados, y queda prohibido al personal municipal la devolución en vía pública.

Y es que todo animal que se encuentre deambulando libre en la vía pública, tenga o no collar de identificación, será capturado por el personal del Centro de Acopio y Bienestar Animal y llevado al área de retención canina y felina para su aseguramiento y observación durante las 72 horas, plazo en el cual el dueño o encargado del perro deberá pagar la multa correspondiente

Si transcurrido el plazo nadie reclama al animal, quien lo reclama no acredita el carácter de propietario ante la Dirección de Control de Fauna, o si no es cubierta la multa, el Centro de Acopio y Bienestar Animal, podrá destinarlo para adopción siempre y cuando reúna las características para dicho fin.

Independientemente de las condenas previstas en el Código Penal del Estado de Morelos, el reglamento prevé un capítulo de sanciones que van desde una amonestación hasta una multa de dos mil veces la unidad de medida y actualización, equivalente a 161 mil 200 pesos, según la gravedad de la infracción.

Con la vigencia del nuevo reglamento municipal, se concede a los propietarios o arrendatarios de ranchos, haciendas o similares, expendios de animales, zoológicos, y demás personas a que se refiere este reglamento, un plazo de 90 días naturales, para cumplir con disposiciones que establece este ordenamiento legal,

El Ayuntamiento de Cuernavaca deberá designar en el proyecto de presupuesto de egresos anual, los recursos necesarios para la exacta aplicación del reglamento, y en 15 días naturales las autoridades municipales deberán integrar el Consejo Consultivo para el Bienestar Animal, así como emitir una convocatoria a la sociedad civil organizada a sumarse al consejo. 

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) montará una ofrenda en el zócalo de Cuernavaca para recordar y exigir justicia a las víctimas de feminicidio, y recordar que han transcurrido tres años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) con escasos avances.

La organización impulsora de la AVG detalló que la ofrenda se instalará el próximo 31 de octubre, donde se reclamará a las autoridades de todos los niveles la ausencia de justicia para las victimas y se demandará frenar los feminicidios.

“Los feminicidios pueden y deben detenerse en Morelos. Nuestro canto a la vida es también un recuerdo para ellas. Por eso en estas fechas en que traemos a la memoria colectiva las ausencias definitivas de quienes ya han muerto, queremos ofrecer estas flores de cempasúchil a las mujeres víctimas de feminicidio, en esta ceremonia tradicional del miquixtli, que es una expresión de la cultura de nuestro pueblo que no olvida a sus seres queridos. Fortalecer los lazos comunitarios de la vida que nos permiten reivindicar la lucha por la alegría, la verdad y la justicia”, señaló.

Detalló que el gobierno de Morelos reportó del 2000 al 2016 un total mil 455 muertes violentas de mujeres (suicidio, aborto, homicidio culposo, homicidio calificado y feminicidio), pero la fiscalía estatal sólo nos proporcionó información a detalle de 396 casos, de los cuales tenemos 252 coincidencias y 144 nuevos casos que integraremos a nuestro registro.

Indicó que la comisión independiente registró 44 casos durante el 2015, de los cuales en 32 hay coincidencias y 12 nuevos casos que integrará al registro de feminicidios que realiza de manera independiente la organización.

Precisó que hasta ahora tanto la fiscalía como la comisión, en la revisión de los casos, han coincidió en que al menos mil 46 casos de muertes de mujeres fueron feminicidios.

“Los feminicidios ocurren por negligencia e irresponsabilidad de quienes tienen la tarea de garantizar los derechos humanos de todas ellas. Es claro que los responsables directos de estos crímenes se sienten con las facultades para hacerlo porque existe una impunidad en la inmensa mayoría de los casos”, señaló.

 

 

Viernes, 26 Octubre 2018 05:00

Reasigna el TEPJF las regidurías

Revoca sentencia del Tribunal Estatal Electoral; ordena al Impepac integrar cabildo de Axochiapan con paridad de género.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las sentencias del Tribunal Electoral de Morelos (TEEM) y confirmó la asignación de regidurías realizadas en diez municipios por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

La Sala Regional consideró que el tribunal local realizó una incorrecta interpretación de la norma para determinar los límites de sobre y subrrepresentación en la asignación de regidurías, al no considerarse a quienes obtuvieron cargos de mayoría relativa.

Y es que en sus recientes resoluciones, el TEEM en todos los asuntos relacionados con integración de los Cabildos, adoptó como criterio la exclusión de las alcaldías y sindicaturas para realizar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.  

Pero el tribunal federal consideró que para efectos en la asignación de regidurías, debe apegarse a las directrices establecidas para la integración de la legislatura estatal que giran en torno al órgano en su totalidad, sin excluir aquellas de asignación por el principio de mayoría relativa.

Bajo este criterio revocó las sentencias dictadas por el TEEM y conformó la asignación original que realizó el Impepac para la integración de los Cabildos de Tetela del Volcán, Emiliano Zapata, Tepalcingo, Miacatlán, Ayala, Huitizilac, Zacatepec, Atlatlahuacan y Yautepec.

En el caso de Axochiapan, ordenó al Impepac realizar una nueva asignación de regidurías bajo el principio de paridad de género como una acción afirmativa, pues inicialmente el Cabildo (que entrará en funciones el 1 de enero de 2019) fue integrado por cuatro hombres y una mujer.

 

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