Las quejas en contra del desempeño de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) se multiplican, lo menos que algunos grupos y movimientos de lucha social afirman, es que se trata de una institución meramente decorativa, que se presta a todo tipo de acuerdos y negociaciones y no atiende reclamos reiterados de quienes se ven agredidos en sus derechos y garantías individuales.

Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la falta de voluntad por parte de las autoridades, en sus tres niveles de gobierno, para acatar términos constitucionales que salvaguardan esos derechos ciudadanos, nos ha llevado a la creación de una serie de estructuras adicionales, a fin de garantizar mayor cumplimiento de la ley en la materia, pero éstas siguen siendo “elefantes blancos” que sólo hacen más difícil el calvario para las víctimas y que además son una pesada carga económica y burocrática que los ciudadanos tenemos que pagar.

Es lamentable que muchos de quienes viven cómodamente del presupuesto público no cumplan mínimamente con su encargo y, por el contrario, acaben siendo cómplices de un sistema que parece empeñado en mantenerse a costa del sometimiento y la persecución contra aquellos que se atreven a pensar u obrar diferente para defender a los más indefensos.

Ayer, el colectivo contra la tortura y el movimiento “Efecto Útil” acusaron a la CDHEM de incapacidad para ofrecer alguna respuesta, en lo que se refiere a denuncias presentadas por presuntos actos de tortura contra activistas como Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente Morelos, que recibiera la XXIV edición del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo.

Los quejosos, entre ellos Edith Escareño Granados del Colectivo Contra la Tortura, a nombre de algunos líderes regionales que ofrecieron una conferencia de prensa en el centro de Cuernavaca, mostraron elementos de prueba de la tortura, que fueron presentados ante la CDHEM a fin de que se le diera seguimiento, sin embargo fueron rechazados sin ningún argumento válido.

Ese es acaso uno de muchos casos que recurrentemente son tratados con el mismo desprecio y que muestran una posición pasiva y complaciente de aquellos cuya responsabilidad es investigar, probar posibles delitos y en su caso emitir recomendaciones a las instancias competentes, a fin de que los presuntos responsables sean sancionados como corresponde.

Pero esa institución en manos de Jorge Arturo Olivares Brito no ha contribuido en lo más mínimo, para coadyuvar en la defensa de quienes llegan a padecer algún delito relacionado con la tortura, amenaza o persecución. O hay temor a enfrentar a los distintos niveles de autoridad o son intereses creados los que han llevado a asumir actitudes de complicidad.

Se supone que la comisión estatal es un organismo de carácter independiente, que le posibilita conducirse con autonomía a fin de poder tomar decisiones basadas en la justicia y la verdad, pero su existencia hoy día es un cero a la izquierda. El papel de la misma ha dependido mucho de quienes la han presidido, pero sin lugar a dudas, una de sus etapas más recordadas, porque mostró estatura para enfrentar a los poderes, fue la que correspondió a aquel periodo en el que su presidente fuera el honorable catedrático universitario Carlos Celis Salazar.

Claro, hablar de este personaje es referirse a un hombre honorable, comprometido con las leyes y los derechos sociales; siempre ejemplo a seguir para quienes tuvieron el honor de estar cerca de él. Como que de esos luchadores sociales estamos necesitados y lo vemos ahora con lo que acurre en la famosa comisión. Con ese gris actuar nos damos cuenta de que muy poco o casi nada se ha avanzado en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos con el surgimiento de esas instancias, aunque todo depende de quién esté a cargo de ellas

SECRETARÍA DEL TRABAJO, ENTRE EL DECIR Y EL HACER

Por otra parte, ayer la Secretaría del Trabajo y el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefom) entregaron recursos del Fondo de Rescate Financiero Municipal a siete presidentes municipales; ahí, el titular de la dependencia Francisco Santillán Arredondo luego de calificar la creación de ese fideicomiso como histórico, insistió en que los apoyos se vienen entregando sin distinción de colores ni partidos.

Habló de puertas abiertas para todos y se quejó de aquellos –alcaldes, suponemos- que “litigan en los medios en lugar de acercarse a la secretaría”. Incluso mencionó el origen partidista de cada uno de los beneficiados, para validar sus afirmaciones, sin embargo hay un número considerable de presidentes municipales que están siendo castigados y a los que se les viene negando la ayuda, a pesar de que al igual que los premiados, contribuyen con el 2% de sus participaciones para alimentar el fondo económico.

En su oportunidad y seguramente por eso decidió abordar el tema con eso de “litigar en los medios”, se excuso con algunos de los segregados con aquello de que “no puedo hacer nada, porque tengo instrucciones superiores”, y en efecto, los que han sido tachados por Paco se consideran como rebeldes, por defender sus derechos y reclamar lo que les pertenece.

La estrategia de darle vida a ese fideicomiso no es mala, finalmente y ahora por disposición legal aprobada desde el Congreso local, los mismos ayuntamientos, sacrificando parte de sus ministraciones estatales y federales, generaron esa bolsa mediante la cual recibirán dinero para enfrentar laudos laborales heredados de pasadas administraciones y que amenazan con destitución de alcaldes y parte de los miembros del cabildo.

Sólo que viene siendo un instrumento que se comienza a usar para castigar a quienes no son bien vistos por el funcionario, o tienen algunas diferencias políticas o de intereses diversos. Y es que desde el comienzo, cuando se diseñó la estrategia para buscar una salida a los problemas financieros que arrastraban los ayuntamientos, algunos alcaldes opusieron resistencia, reclamaban que el Poder Legislativo le entrara con un porcentaje de la bolsa.

Desde ahí se enfrentaron públicamente con quienes desde el Congreso empujaban la propuesta y hay que recordar que en aquel entonces Santillán Arredondo era legislador local en funciones, de cuya responsabilidad solicitó licencia para ocupar la Secretaría del Trabajo.