Es tan grande y rico nuestro país que nuestros ínclitos “representantes populares” y “servidores públicos” no se lo han acabado.
El presidente Felipe Calderón está a punto de concluir una serie de foros temáticos cuyo objetivo, teóricamente hablando, fue analizar propuestas hacia la consecución de políticas públicas nacionales en contra del crimen organizado. Sin embargo, lo anterior surgió después de casi cuatro años de iniciada la presente administración y comenzada la “guerra” declarada por el mismo personaje en contra de las bandas delincuenciales que operan a lo largo y ancho del país, lo cual no es nada nuevo, pues la problemática data desde hace décadas.
La legitimación buscada por Calderón a través de dichos foros y a favor de su personal estilo para combatir al crimen organizado también llegó tarde. El primero de diciembre iniciará el penúltimo año de su sexenio. A partir de enero arrancará un nuevo año de carácter electoral. Cuando el presidente rinda su quinto informe el primero de septiembre de 2011 la ebullición política será incontenible. Las fuerzas políticas de México estarán enfrascadas en la elección de candidatos a los cargos que se disputarán a mediados de 2012, incluida la presidencia de la República. Entonces nadie le hará caso. Habrá llegado el momento de hacer maletas.
Dentro del escenario ofrecido por los foros, el presidente Calderón y los gobernadores delinearon anteayer lo que, según ellos, será “la base de una nueva política de Estado para el combate al crimen y la impunidad”. El jefe del Ejecutivo federal definió este paso como el “inicio de una nueva época”, en la que se privilegie la cooperación y el pacto político federal; pidió a los mandatarios superar los “impulsos políticos primarios” para que la estrategia en materia de seguridad trascienda a partidos políticos, ideologías y periodos de gobierno. “O enfrentamos el problema juntos y caminamos hacia el mismo lado, o México estará en gravísimo peligro para las generaciones futuras (…) Es momento de asumir responsabilidades compartidas, porque no llegaremos a ningún lado si la energía que tenemos la usamos para culparnos los unos a los otros”, advirtió. Magníficos discursos en la arena política nacional, donde prevalecen, insisto, los intereses particulares de unos cuantos. Habrá que ver si quien sustituya a Calderón en diciembre de 2012 retoma las actuales estrategias de combate al crimen organizado o asume otras.
Y una vez más asistimos a la confección de un catálogo de buenos deseos: pugnar por más presupuesto para seguridad pública, en la ruta de conformar las policías únicas estatales, y alentar la construcción de más cárceles; atacar los flujos financieros del narcotráfico, para lo cual el Presidente anunció que en breve presentará una estrategia contra el lavado de dinero que incluye nuevas disposiciones para el manejo de efectivo. Los mandatarios coincidieron en que no habrá avances si persiste el mismo nivel presupuestal, pero admitieron que de poco o nada servirán los cambios si continúa el alto rezago educativo y la marginalidad en la que se encuentran millones de jóvenes, sector utilizado para ensanchar las filas de los criminales y fomentar las adicciones. También propusieron medidas de desarrollo social y resarcir el daño a miles de víctimas de la violencia. ¿Vana palabrería? Saque usted sus propias conclusiones, estimado lector. Son las mismas ideas de hace muchos años.
Mientras se cristalizan tan nobles intenciones, la problemática sigue igual. Chequen ustedes lo siguiente: sólo en Chihuahua, 168 detenidos confesaron haber perpetrado, en conjunto, mil 535 homicidios; 147 policías, agentes del Ministerio Público y altos funcionarios de Ciudad Juárez han fallecido durante el recrudecimiento de los ataques del crimen organizado. Ochenta por ciento de los delitos son robos, y las cárceles continúan sobrepobladas, lo que impide tener condiciones para atender a los reos federales de alta peligrosidad, por lo que se pidió su reubicación. La población penitenciaria está integrada fundamentalmente por personas de 15 a 30 años de edad. De 2005 a 2009, Tamaulipas dio de baja a 42 por ciento de sus agentes; en Veracruz, con 7.5 millones de habitantes, sólo hay 21 mil policías, mientras en el Distrito Federal hay 90 mil. En la zona fronteriza con Estados Unidos hay 11 mil puntos de venta de armas, que sirven para dotar de recursos a los criminales. ¿Y Cuernavaca? Aquí tenemos como máximo 100 policías por turno para atender a una población de 600 mil habitantes.