Es más: la declaración de las víctimas, en el sentido de que con ellos se encontraban más plagiados, obliga a suponer que la mayoría de estos delitos de alto impacto no son investigados y quedan impunes, tal como sucede con otros perpetrados por bandas delincuenciales en la regionalizada economía criminal mexicana. Los ciudadanos comunes y corrientes, cuyos datos personales sólo son conocidos por sus afligidos familiares cuando deben negociar los rescates, pasan a engrosar las estadísticas de las procuradurías generales de justicia, si es que existen denuncias al respecto. Y ya.
A estas alturas de la incidencia delictiva nacional, nadie ignora que la precariedad del estado, la debilidad institucional y el auge del narcotráfico se coludieron para configurar el complejo paisaje de la corrupción en México, lo cual nos remonta, no a 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, ni a enero de 2007, al inicio de la “guerra” o “combate” contra el crimen organizado, sino a varias décadas de administraciones priístas.
Al menos durante las dos décadas anteriores, el catalizador de estos procesos fue sin duda el crecimiento de la economía criminal, sobre todo la inherente al narcotráfico. Dicho lapso sirvió para penetrar todos los vericuetos de la sociedad: economía, política, cultura, deportes y la vida cotidiana. El tránsito de la economía de la mariguana a las más rentables de la cocaína y la amapola produjo una nueva élite económica que, a golpes de audacia y dinero, siempre ha buscado disputarle el poder local, regional y nacional a las élites tradicionales.
En buena medida, la importancia social que adquirió el narcotráfico obedece al hecho de que la penetración de su dinero y cultura gozó por años de la complicidad y el beneplácito de las élites de este país. Su poder radica no solamente en el hecho de ser hoy los dueños de miles de hectáreas, de estar presentes como terratenientes, de haber penetrado el sistema financiero, de tener miles de hombres armados; también y esencialmente en la forma en que han transformado los valores fundamentales de la sociedad, estimulando la idea del enriquecimiento fácil, las actividades ilegales, la violencia y el desprecio a la ley. En resumen: si la corrupción tiene en México y determinadas zonas geográficas un significado importante, es porque la gobernabilidad está afectada por la presencia del narco con su capacidad generadora de corrupción y violencia.
Debo subrayar que cualquier parte del mundo puede ser el objetivo de la delincuencia organizada, la cual siempre presenta, en los casos con mayor “éxito” y longevidad, una estructura permanente y subordinada con normas internas autoritarias cuyos integrantes abarcan funciones específicas. Su férrea unificación hacia la cadena de mando, así como la lealtad y obediencia absolutas, son parte central de las reglas que los cohesionan. No obstante, no cualquier sujeto es admitido en una organización de este tipo. El ingreso es sumamente restringido y la mayoría de las veces implica rituales de iniciación y el cabal cumplimiento de códigos internos. Estos mecanismos permiten a las organizaciones criminales perdurar más allá de cualquiera de los individuos involucrados; es decir, la agrupación no desaparece si un miembro se va, muere o es detenido, sin importar su jerarquía. Así será el escenario tras la muerte de “El Nacho Coronel” en Zapopan, Jalisco.
Las corporaciones criminales tienen como propósito fundamental el dinero fácil: lograr beneficios económicos de alto impacto y en corto plazo mediante cualquier medio; ofreciendo productos y servicios ilegales que la población demanda, por ejemplo drogas, armas, piratería, auto partes, prostitución, tráfico de órganos, tráfico de personas, etcétera; y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros, como en los secuestros. En Morelos sabemos mucho al respecto. Da pavor el riesgo de que se arraiguen aquí la extorsión y el cobro por derecho de piso, tal como ocurre en varias entidades del Bajío y el norte del país afectando cualquier actividad empresarial. Ojo con el reacomodo de liderazgos criminales y el arribo de nuevas bandas. 151 ejecutados en Morelos durante 2010; 100 por ciento más que en 2009.