Cada sexenio surgen de Capufe nuevos ricos y fortunas millonarias a partir de licitaciones cedidas por compadrazgos y el siempre bien cimentado tejido de complicidades. Ni qué decir respecto a los favores otorgados por los más altos políticos mexicanos a personajes de medio pelo adscritos a partidos políticos, sobre todo al que gobierna. Fuera máscaras: Capufe cumple a cabalidad su excelente papel como agencia de colocaciones y tienda de raya para pagar facturas sexenales a quienes aportan financieramente fuertes cantidades durante las campañas electorales.
La Cámara de Diputados ha documentado de manera ininterrumpida el saqueo a las arcas de Capufe, mientras la red nacional de carreteras presenta signos de abandono. En todo el sexenio de Vicente Fox trascendieron las corruptelas propugnadas entre varios directores de la paraestatal con contratistas pertenecientes al círculo del poder. Y fue así como México conoció los contubernios de tales empresarios con la familia de Martha Sahagún de Fox. Para muestra un botón: las licitaciones otorgadas, mediante favoritismo y procedimientos perversos, a un constructor de nombre Cosme Mares. Varios tramos carreteros de Morelos y muchos otros más en la Autopista del Sol exhiben esos tratos discrecionales.
Sin embargo, hoy más que nunca se perciben las irregularidades en Capufe, a pesar de que existe ahí un Órgano de Control dependiente de la Secretaría de la Función Pública. Y es que el problema tiene un origen estructural: los mecanismos para designar al director general y a una pléyade de subalternos e incondicionales dispuestos a imitar su pernicioso ejemplo. Dentro de la institución para nadie es un secreto que el máximo titular del ramo, Tarsicio Rodríguez Martínez, trabaja a favor de grupos panistas. Dícese que es el brazo ejecutor del líder del PAN en la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, a quien le debe su estancia en la paraestatal. Ramírez Acuña, a su vez, es el vínculo con determinados grupos de interés dentro del Partido Acción Nacional. Como era de esperarse, si el director anda mal en cuanto a rendición de cuentas, la inmensa mayoría de sus subalternos hace lo mismo.
Lo anterior se explica por la intrincada estructura de Capufe a nivel nacional, pues consta de diez delegaciones (con igual número de subdelegaciones), tres gerencias y cinco direcciones (técnica, de operaciones, jurídica, informática y administrativa). Los hechos discrecionales, insisto, se repiten desde la cúspide de la pirámide, hasta niveles ínfimos de poder. Es así como en la Delegación IV de Capufe, a cargo de Miguel Ángel Bucio Reta, se toleran y encubren las desviaciones presupuestales del contador público Hugo González Toledo, subdelegado administrativo, quien ha omitido denunciar la irregular utilización de recursos, a pesar de que el tema es conocido por propios y extraños. No obstante, existe la esperanza de que tras la llegada de personal del Órgano de Control de la Función Pública las cosas cambien.
González Toledo, según se comenta en su círculo cercano, además de encubrir depósitos irregulares de dinero en cuentas personales de sus incondicionales, no liquida lo propio a proveedores de obras públicas, servicios y suministros, afectando los intereses de infinidad de empresas que están a punto de quebrar. Empero, en la Procuraduría General de Justicia está abierta una demanda interpuesta recientemente por el dueño del taller mecánico con denominación “El Hospital Automotriz Toledo”, de nombre Daniel Toledo, quien le exige al funcionario de marras la devolución de 40 mil pesos que le solicitó a cambio de un contrato, cosa que incumplió ante la obligación legal de licitarlo.
Lamentablemente, esta conducta forma parte de una estela, al parecer, solapada por un arquitecto de nombre Don Lucas, subdirector técnico en las oficinas centrales. Asimismo, es de llamar la atención lo que sucede en torno a Blanca Garrido, colaboradora de González Toledo, persona déspota que exige prebendas a proveedores para diferentes trámites, independientemente del maltrato a sus compañeros de trabajo, lo cual se repite en el sector de recursos humanos, a cargo de una persona de nombre Ana Gómez.
La corrupción en Capufe desciende desde la dirección general hasta niveles inferiores como el ya descrito. A finales del sexenio pasado, por instrucciones de Vicente Fox, Capufe tuvo que pagar una supuesta “deuda” de 100 millones de pesos a una empresa de Juan Diego Gutiérrez Cortina (Gutsa), por “horas muertas”. Sin embargo, Banobras se negó a cubrir el importe, por lo que denunció dicha irregularidad a la Secretaría de la Función Pública, la cual inhabilitó por once años a su ex director Manuel Zubiría Maqueo, así como a media decena de altos funcionarios quienes, debido al manto de protección que los cubre, no han pisado la cárcel; ni siquiera declararon ante el Ministerio Público Federal. El mal ejemplo cunde desde arriba hasta abajo.
1 comentario
Hey
Y eso es poco comparado con lo que ahora se vive con… Compartelo!