Sin embargo, no se ha frenado, aunque para mover hacia arriba las contribuciones, en la mayoría de los casos debe mantener las estimaciones provenientes del 18 de noviembre de 1992. Y la totalidad de ayuntamientos morelenses experimenta la misma problemática.
Ayer me referí a los avatares enfrentados por Manuel Martínez Garrigós, alcalde de Cuernavaca, quien es objeto de una guerra auspiciada abiertamente por el Partido Acción Nacional. Durante la “megamarcha” de ayer, en la cual participaron no más de 500 personas, fue evidente el activismo de bien identificados panistas, lo cual condujo al presidente del Partido Revolucionario Institucional (al que pertenece Martínez Garrigós), Amado Orihuela Trejo, a poner el dedo en la llaga. Dijo: “Los principales líderes del partido blanquiazul deben sacar las manos de asuntos de carácter social, como la inquietud ciudadana por el impuesto predial, y no enrarecer la estabilidad política, ni de Cuernavaca ni de Morelos”. Y lamentó que actores de colores distintos al tricolor “se asuman como abanderados de acciones ciudadanas y busquen así sacar provecho personal, lo que revela un fin electorero que tiene como objetivo único la desestabilización”. Tiene razón: Acción Nacional se anticipó a todos los tiempos electorales y abrió fuego de manera plena en contra del presidente municipal de Cuernavaca, aunque lo anterior ya había sucedido desde el comienzo de la administración local con relación a varias decisiones del edil, hasta llegar a la pretensión de sabotear las obras viales que la ciudad ha exigido durante décadas.
Bajo diferentes membretes, el PAN quiso mostrar ayer “el músculo”, dentro de un contexto que será analizado bajo diferentes vertientes ideológicas, intereses partidistas y presiones de grupúsculos que se obstinan en conseguir canonjías provenientes del Ayuntamiento. Empero, los 500 participantes en la marcha-mitin no significan nada frente a los aproximadamente 30 mil contribuyentes que pudieran estar enojados ante las nuevas tasas del predial, en un padrón constituido por 105 mil ciudadanos, dueños o posesionarios de bienes inmuebles. Bastante razón tiene el regidor del PT, Rigoberto Lorence López, quien este martes, durante una importante sesión del Cabildo municipal, señaló que el movimiento de los valores catastrales y la elevación del predial no afectan a la generalidad de causantes, sino a quienes más se benefician con la especulación inmobiliaria.
Las presiones políticas y no otra cosa obligaron a los miembros del Cabildo a buscar una salida. Fue así como determinaron la integración de una comisión especial de regidores de todos los colores y sabores, a fin de revisar la tabla de valores unitarios de suelo y construcción, derivada del decreto 351 fechado el 27 de junio de 2007, y que el gobernador Marco Adame Castillo promulgó en el Periódico Oficial número 4542 un día después. Dicho decreto fue aprobado por la anterior Legislatura a petición del Cabildo entonces presidido por el ahora diputado federal panista Jesús Giles Sánchez.
El 30 de enero de 2007, en sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Cuernavaca alcanzó un acuerdo para estructurar una nueva tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que serviría de base a la comuna para el cobro de impuestos relacionados con la propiedad inmobiliaria. La Junta Catastral de la época, en la vigésima novena sesión (esto puede leerse en los considerandos del mentado decreto 351), expidió la nueva tabla derogando los valores hasta ese momento vigentes desde el 18 de noviembre de 1992. Son los mismos indicadores aludidos ayer por Juan Carlos Rivera en nuestra entrevista.
La administración de Jesús Giles Sánchez, iniciada el primero de noviembre de 2006, enfrentaba la crisis de la basura, así como una grave escasez de recursos financieros, que definitivamente la llevaron a voltear hacia el impuesto predial en pos de fondos, pero algo debió atravesarse en el camino. Quizás por miedo al costo político, el Ayuntamiento omitió la aplicación de la nueva tabla (vigente hasta hoy según el portal de internet del gobierno estatal), lo cual no hizo Manuel Martínez Garrigós, cuyo error, desde mi particular punto de vista, fue pretender ajustar el predial mediante el uso de los valores máximos generando irritación social.
Pero bien me lo comentó el regidor panista Pablo Aguilar Ochoa: no puede meterse reversa en la actualización de los valores catastrales y el predial. Lo prudente, dijo, es reconsiderar los cobros y aplicar las tasas mínimas o una media. Me parece que por ahí deberá resolverse el problema, y lo político permanecer en su sitio. Los adversarios de MMG están haciendo el ridículo.