A causa de ello fallecieron, según los datos disponibles hasta el momento de redactar esta nueva columna, 28 personas. Pero el caso pudo ser peor.
En infinidad de ocasiones he documentado el riesgo que corren miles de familias asentadas en todas las colonias construidas sobre un número indeterminado de kilómetros de ductos por donde corren los hidrocarburos de dicha petrolera estatal. Sin embargo, el primero de enero de 2007, en este mismo espacio, me referí a un grave hecho ocurrido el primero de febrero de 2006 en la estación Montecristo (cerca de Huitzilac) del poliducto Añil-Cuernavaca de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada a la altura del kilómetro 58 de la carretera federal México-Cuernavaca.
A las 10:25 horas de ese día se registró una fuga de gasolina “Premium”, requiriendo la presencia de equipos especiales de la empresa paraestatal, de la Dirección de Protección Civil del Estado y del H. Cuerpo de Bomberos. Nunca trascendió la cantidad de combustible derramado, pero sí el riesgo de una emergencia ambiental en la zona, con desgracias personales. El escueto boletín emitido por Pemex dijo que la falla se registró en “una válvula del flujo del peine 1, donde el ducto se reduce de 8 a 6 pulgadas de diámetro”.
“No obstante que el producto derramado se recuperó dentro de una fosa de contención de seguridad existente en la misma instalación, desconocemos si aquella región se enfrentó a una eventual catástrofe, de esas que son frecuentes en las regiones del país por donde cruzan los ductos de Pemex. Y a pesar de que el personal de la paraestatal fue apoyado por trabajadores de Protección Civil de Morelos, entonces a cargo de Miguel Hidalgo Salazar, solamente ellos saben la magnitud del evento, mismo que propició tan sólo el desalojo de cuatro viviendas ubicadas en las cercanías del incidente”.
Y agregué: “Las autoridades involucradas jamás dicen la verdad, ni la sociedad se entera sobre los hechos reales y el riesgo que siguen corriendo miles y miles de colonias asentadas sobre los ductos, cuya amenaza saltó nuevamente a la palestra pública el 13 de junio de 2006, cuando varios medios informativos nacionales revelaron las turbias negociaciones de empresas gaseras para comprar el gasoducto Venta de Carpio-San Juan Ixhuatepec, en el Estado de México, donde hace años explotaron varios depósitos de combustible. El gobierno determinó el cierre definitivo del gasoducto, pues sobre él se asientan miles de familias. Los dos consorcios que se disputan la compra son Grupo Z, de los hermanos Miguel y Jesús Zaragoza, vinculado al flamante senador panista y ex secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, contra Tomás Zaragoza -hermano de los ya mencionados Miguel y Jesús Zaragoza-, propietario de la empresa Gasomático, y Eduardo Ramírez, de las firmas Unigas, Lázaro Bello, Vela Gas y Bello Gas, quienes tienen sus plantas en la región de San Juan Ixhuatepec, poseen el mercado en el valle de México y dependen del gasoducto en cuestión. Lo que pelean estos grupos es el mayor mercado de gas LP a nivel nacional, más que la seguridad de los habitantes de San Juan Ixhuatepec. Esto no les importa. Por ese gasoducto viajan a diario 15 mil barriles de gas LP”.
“Después de haberse difundido una mínima parte del Atlas de Riesgos del Sistema Nacional de Gasoductos, el cual abarca 12 mil 68 kilómetros de ductos para gas natural, gas LP y algunos productos petroquímicos, el Congreso de Morelos emitió el 4 de mayo de 2005 un punto de acuerdo para ‘exhortar a Pemex-Morelos a efectuar, de manera conjunta con la Dirección de Protección Civil del Estado, una inspección y/o supervisión de los ductos u oleoductos que se ubican dentro del territorio morelense, a fin de determinar su estado y corregir las fallas que se detecten en su caso’. Como respuesta, Pemex indicó que sus ductos se encuentran en riesgo debido al crecimiento desordenado de asentamientos cerca o sobre los derechos de vía de la paraestatal y por la falta de control de los gobiernos municipales, estatal y federal, según reveló un análisis de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”. Sopas.
“El 25 de julio de 2005, Pemex solicitó al Congreso Local, al Ejecutivo estatal y al Ayuntamiento de Cuernavaca que, ante el riesgo de posibles explosiones, desalojen y reubiquen familias que han construido sus viviendas sobre las vías de distribución de combustible de la paraestatal que provienen del Distrito Federal y se enlazan a su planta en esta ciudad. En un diagnóstico sobre los riesgos que existen encima de los ductos, Pemex afirmó que en los asentamientos irregulares ‘es mayor la posibilidad de que ocurra una fuga de gasolina o una explosión, debido a que la gente no respeta los señalamientos que marcan el perímetro de seguridad’”. Por todo lo anterior quise interrumpir mis vacaciones, que hoy pienso retomar. Hasta luego.