Escribimos la presente columna a la hora que llegan los primeros reportes indicando que el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, quien había desaparecido desde el pasado 5 de febrero, fue encontrado muerto este día junto con otras personas.

En una conferencia de prensa que se retrasó más de una hora, el Procurador General de Justicia de Veracruz, Felipe Amadeo Flores, dijo que la policía veracruzana lo localizó en Las Choapas junto con otros dos cuerpos, que ya fueron inhumados. Elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) irrumpieron por la mañana en una casa de seguridad y detuvieron a cuatro personas.

Una de ellas dijo que una vecina del mismo periodista, de nombre Teresa de Jesús Hernández –y ya detenida–, dio la orden de plagiar y posteriormente matar a Jiménez. El Procurador del estado informó que Jesús Hernández pagó 20  mil pesos a una célula delincuencial para matar al reportero, quien fue asesinado en las primeras horas del jueves.

Amadeo Flores indicó que hacía unos momentos fue arrestada otra persona ligada al crimen del periodista por lo que suman cinco las detenciones por el asesinato de Jiménez de la Cruz. Asimismo dijo que hay más personas relacionadas con el crimen, las cuales son buscadas.

Durante el gobierno de Javier Duarte, de 2009 al cierre de 2013, se han cometido 132 agresiones contra la prensa, de acuerdo con Artículo 19.  Quince periodistas han sido asesinados en ese periodo (incluyendo a Jiménez) y 4 permanecen en calidad de desaparecidos. En lo que va de 2014, con el caso de Gregorio Jiménez incluido, se sumaban 3 casos de comunicadores desaparecidos.

La administración de Duarte ha sido acusada por organismos nacionales y extranjeros de mantener un clima de zozobra entre el gremio periodístico; se le señala por presiones contra comunicadores, y sobre todo, de permitir la impunidad cuando alguno sufre una agresión.

El 5 de febrero, Jorge Morales Vázquez, integrante de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP) denunció que el periodista de 42 años de edad había sido sacado de su domicilio en Coatzacoalcos por “un grupo de encapuchados”.

Demandó al Gobernador Duarte de Ochoa “disponer lo necesario para liberar a Gregorio Jiménez, periodista de Notisur y Liberal del Sur”. Ese mismo día, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) pidió el rescate del reportero Jiménez de la Cruz. “Instamos a las autoridades mexicanas a hacer todo lo que esté a su alcance para ubicar a Jiménez de la Cruz y llevarlo a un lugar seguro”, expresó en un comunicado Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del CPJ, que tiene su sede en Nueva York.

Medios internacionales, como El Mundo, The Guardian, Fox, Global Post y Reuters han retomado este caso y destacan el clima de inseguridad y la impunidad que prevalece en esa entidad del sureste de México, donde siguen desaparecidos los cuatro reporteros reportados en 2014.

Tanto en el caso de la reportera de Proceso, Regina Martínez,  como en el de Gregorio Jiménez, ambos “esclarecidos”, las versiones oficiales resultan inverosímiles, pero tampoco se tienen elementos para acusar a alguien más.

Sólo queda la impotencia y la indignación.

Y esa indignación se mantiene cuando leemos las declaraciones de diferentes personajes con motivo del cobarde asesinato de cuatro jóvenes en el Bar Dreas el pasado domingo en la madrugada.

Sin duda ayer parecía un concurso de haber quién decía la estupidez más grande en los medios locales.

Por ejemplo, el procurador Rodrigo Dorantes Salgado recomendó cerrar bares y discotecas, para contener la estadística criminal. De inmediato encontró respuesta en las redes sociales:

“Qué inteligente. Entonces también hay que cerrar restaurantes, escuelas, fábricas y así reduciremos la delincuencia a cero”. “Cómo se nota que el procurador no tiene familiares meseros, mozos, valets parking que dependen de esos negocios para sobrevivir”, fueron algunos comentarios.

Juan Ángel Flores, el diputado perredista y principal empleado de Graco Ramírez en el congreso local, llegó al extremo cuando dijo que la violencia en Cuernavaca podría ser acción concertada para desestabilizar al gobierno de Graco aprovechando su ausencia.

¿De veras Juan Ángel creerá que los delincuentes checan dónde anda el gobernador para hacer de las suyas?

Y qué decir de Jorge Messeguer, quien “recomendó” que Cuernavaca le deje el mando a la Policía Preventiva Estatal que comanda Jesús Alberto Capella, además de que criminaliza a los propietarios de los bares Dreas localizado en la avenida Gobernadores, casi esquina con Paseo del Conquistador, y La Patrona, en Río Mayo, como si ellos hubieran motivado los hechos.

También el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, Eduardo Salazar, puso su granito de arena al declarar que “son eventos que lamentablemente se dieron en Cuernavaca, aunque tuvieron su origen fuera del municipio capital, según las primeras investigaciones”. Ahora hasta policía salió.

Previó a ese hecho, ambos comercios funcionaban apegados a la normatividad, y con antelación fueron supervisados por las áreas de Protección Civil, Licencias de Funcionamiento, así como Normatividad y Gobierno del ayuntamiento.

“No se puede saber con exactitud dónde van a suceder este tipo de eventos que enlutan y que lesionan la convivencia social, sin embargo habrán de analizarse otras medidas en las reuniones de coordinación con el Mando Único”, señaló Salazar en un comunicado.

Y a propósito del Mando Único, ¿sabrá el señor Capella que en Morelos tenemos un “Mecanismo de Protección para Periodistas del Estado de Morelos”?

Para su información, este órgano colegiado está conformado por un representante de la Secretaría de Gobierno, en su calidad de Presidente; un representante de  la Secretaría de Seguridad Pública; un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado; un representante de la Coordinación General de Comunicación Política, en su calidad de Secretario Técnico; un representante de “EL PODER JUDICIAL”; un representante de “LA CDH MORELOS”; un  representante de “EL IMIPE MORELOS”; cinco representantes de “EL FORO DE PERIODISTAS”; y un representante de un organismo no gubernamental, que será designado por los representantes de “EL FORO DE PERIODISTAS”.

Lo sustancial de este mecanismo viene en su artículo 12, en el que se establece que “cuando un periodista sea sujeto de amenazas, agresiones y/o se encuentre en riesgo inminente su integridad física o vida, durante el desempeño de su labor periodística, se dará aviso de inmediato a cualquiera de los integrantes del Comité o  Subcomité.  La persona que tenga conocimiento de este hecho, de manera inmediata lo informará al representante de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que implemente una medida emergente de seguridad y protección al periodista que así lo haya solicitado.

La medida emergente consistirá en:

Ubicar la posición o ubicación del periodista; identificar los factores de riesgo; asignar elementos uniformados para que acudan al lugar donde se encuentra el periodista; brindar seguridad y custodia al periodista; en todo momento el personal de la institución policial asignado para el cumplimiento de la medida emergente, actuará con total respeto al periodista; y la medida emergente implementada, deberá asegurar la protección integral del periodista.

Pero ¿en realidad alguien confiaría su seguridad en un titular de la SSP al que no conocemos más que por sus entrevistas en los medios nacionales de comunicación?

EL MÁS SENTIDO PÉSAME

El pasado fin de semana falleció por una afección cardiaca el ejecutivo de Radio Capital Leopoldo Amaro, a quien conocimos hace 20 años en las oficinas de Publicidad de La Unión de Morelos. Nuestro sincero pésame a su familia. Se siguen yendo los buenos.

HASTA MAÑANA