"El Proceso electoral 2023-2024 será el más grande en la historia del estado de Morelos", señaló la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, durante la toma de protesta de los 288 consejeras y consejeros electorales, y secretarias y secretarios de los 48 Consejos Distritales y Municipales Electorales, el pasado 27 de noviembre en el auditorio Teopanzolco.

Pero no solamente será el más grande de la historia, lo que implica un gran reto, sino que la institución debe perfeccionar los procedimientos para que ya no “les tomen el pelo” los partidos políticos como en el 2021, cuando “se les colaron” indígenas, afrodescendientes, minusválidos y gays “cachirules” que están perfectamente identificados pero ni vale la pena mencionar.

Vale la pena mencionar el “Análisis de la factibilidad de la Representación Descriptiva de Grupos Sociales Tradicionalmente Excluidos en Órganos legislativos y municipales en el estado de Morelos”, realizado conjuntamente por el Impepac y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM).

Según ese estudio, Morelos se ha destacado por ser una de las tres entidades federativas en contar con mayor número de acciones afirmativas en favor de grupos desfavorecidos, luego de la Ciudad de México y de Oaxaca. Estos grupos vulnerables son mujeres, indígenas, jóvenes, afrodescendientes y personas del colectivo LGBTIQ+.

El estudio destacó que, gran parte de los encuestados, tanto ciudadanos en general como aquellos que participaron en el Proceso Electoral 2020-2021 como candidatos, incluidos quienes alcanzaron una representación popular, coincidieron en señalar que existe usurpación en la asignación de las candidaturas reservadas para grupos vulnerables.

También refirió que quienes pertenecen a dichos grupos hacen el doble de esfuerzo para acceder a sus derechos fundamentales, además de que no se sienten representadas por quienes hoy ocupan un cargo de elección popular; asimismo, ponderaron que para evitar dicha usurpación debe prevalecer la autoadscripción calificada, que sea entregada por cada uno de los grupos que vayan a representar.

El pasado 21 de noviembre, en sesión extraordinaria, el Impepac aprobó los “Lineamientos para el registro y asignación de candidaturas indígenas” que supuestamente contienen consideraciones de vanguardia. No obstante, para la abogada Perla Pedroza, quien ha llevado diversos asuntos en materia electoral en favor de mujeres indígenas, considera que, con los citados lineamientos, estarían en riesgo los derechos político-electorales de las comunidades indígenas.

“Nuevamente se deja de ver (al momento de emitir los lineamientos) con perspectiva intercultural: se sigue viendo desde una visión administrativa occidental y pone obstáculos para que las comunidades indígenas puedan realmente llegar a un autogobierno y a un auto adscripción.

Por ejemplo en Artículo 15 se establece “en términos de lo establecido por el artículo 184 del Código, además de la documentación señalada por el artículo de referencia, las personas que se postulen bajo una candidatura indígenas, deberán entregar el acta original o copia certificada de la Asamblea General Comunitaria o el documento expedido por la autoridad facultada para ello y en su caso lo que establezcan sus Sistemas Normativos Indígenas en la cual fueron reconocidos como personas indígenas”, se lee textualmente en el acuerdo aprobado.

Pedroza reflexionó: “habrá que conocer si las comunidades indígenas cuentan con la herramienta y personal necesario para poder entregar la copia certificada de Asamblea”.

Mientras que en el Artículo 16 se refiere que “en aquellos casos en los que no sea posible que autoridad indígena alguna otorgue constancias de autoadscripción calificada, estas podrán ser expedidas por los ayuntamientos del municipio del que se trate”.

Y añade:” en estos casos, las personas que pretendan postularse como indígenas podrán presentar adicionalmente a la constancia expedida por el ayuntamiento a través del área que corresponda, documentales o pruebas que permitan tener mayores elementos para la acreditación del vínculo comunitario con la autoridad inmediata de la localidad de donde sea originaria o se adscriba la candidata o candidato”.

En opinión de la defensora electoral, con esto “se abre la puerta para que los ayuntamientos —nuevamente—, sean los que puedan expedir, sin problema alguno, la constancia de autoadscripción Indígena y que se preste nuevamente a la simulación y deja abierta la puerta para la llegada de falsos indígenas”.

De acuerdo con datos recabados durante el “Foro Comparte tu experiencia como mujer integrante de los primeros cabildos conformadas con perspectiva de género e intercultural”, realizado el 6 de octubre por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) y la organización Santa Democracia, 7 de las 22 regidoras indígenas en funciones en Morelos han vivido algún tipo de violencia política o violencia política por razón de género.

Además, en México el 70% de las mujeres que son víctimas de violencia política por razón de género son indígenas, mientras que el 38% de las mujeres violentadas ocupan el cargo de regidoras, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).

Tanto el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como el Tribunal Estatal Electoral, se están preparando para lo que se viene. “Va a ser un proceso electoral complejo, no únicamente por el número de cargos a elegir sino también por las situaciones políticas que estamos viviendo dentro del propio país y lo que nos queda es prepararnos para afrontar este proceso electoral del 2024. Estamos en la primera etapa que son los preparativos del proceso; posteriormente, viene la jornada electoral y por último pasamos a la etapa de la calificación de la elección y los medios de impugnación que ahí es donde entra el Tribunal desde ahorita”, explicó Ixel Mendoza Aragón, magistrada presidenta del TEE.

Destacó que el tema de las acciones afirmativas ha obligado a que las autoridades administrativas dicten una serie de lineamientos, reglamentos y disposiciones normativas para el registro, es decir, se hace valer la situación de sus agravios, lo que va generando complejidad en el momento de la asignación de candidatos.

“Primeramente, el registro de las candidaturas y si cumplen con estas acciones afirmativas; con el término que se establezca para la paridad de género, de grupos indígenas, de la comunidad LGBTTIQ+ ó afrodescendientes. En fin, todos aquellos que vayan a ser catalogados dentro de esta estos grupos que históricamente pues han sido vulnerados y que buscan un espacio en los lugares de toma de decisiones y esto obviamente acrecienta el trabajo”, destacó Mendoza Aragón.

Para bien o para mal, en el proceso electoral venidero las protagonistas serán puras mujeres y los varones estaremos casi como meros espectadores. Habrá por lo menos tres candidatas mujeres a la Gubernatura, y los principales órganos electorales estarán encabezados por representantes del antes llamado “sexo débil”: Mireya Gally Jordá e Ixel Mendoza Aragón.

Como se dice en las ceremonias de las tomas de protesta: “Que la sociedad se los premie o se los demande”.

HASTA MAÑANA.