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El nuevo sistema de justicia penal, que establece la obligatoriedad de que las audiencias sean orales y públicas, entró en vigor el 30 de octubre de 2008, pero la primera Audiencia de Control de Detención se llevó a cabo dos días después en una improvisada sala de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia. El primer detenido se llamaba Pedro y le imputaban el delito de robo de vehículo en grado de tentativa.
La audiencia la presidió el entonces juez de Control y Juicio Oral Jorge Gamboa Olea, auxiliado por la secretaria de Acuerdos Bili Blanca Bernadez; las agentes del Ministerio Público fueron Anabel Ortega y Adriana Martínez; y las defensoras públicas Yaredy Montes Rivera y Mariela Juárez Marquina.
Gamboa Olea es hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos; Mariela Juárez es actualmente directora del Cereso de Quintana Roo, y Yaredy Montes Rivera fue designada jueza del Poder Judicial en 2012 y actualmente es una de las aspirantes a ocupar una magistratura.
En esa ocasión, el resultado de la audiencia fue una libertad para el acusado por culpa de aparentes errores de la Policía Municipal de Jiutepec y un deficiente trabajo de la Fiscalía, que contrastó con la atinada argumentación legal de las defensoras de oficio.
Sin querer, esa audiencia fue un presagio de lo que se repetiría en los años siguientes: los jueces dejan libres a los imputados porque los agentes aprehensores no hacen bien su labor, y las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado “van flojas”, a veces por errores involuntarios y en algunas ocasiones las pifias son intencionales.
El proyecto de juicios orales en Morelos comenzó en el 2006 inicialmente con la “paternidad” de tres personajes que no eran abogados: el médico cirujano Marco Adame Castillo, el ingeniero químico Oscar Sergio Hernández Benítez, y el pasante (hoy maestro en Derecho) Javier López Sánchez.
El primero como gobernador del Estado, el segundo como líder del Congreso local y el tercero en su calidad de coordinador de asesores fueron quienes dieron el mayor impulso a este proyecto traído a México por la organización denominada “Pro Derecho”, filial de la agencia norteamericana USAID y acogido por el gobierno de Vicente Fox.
El Poder Judicial siempre estuvo en desacuerdo con el sistema oral, principalmente su titular, Ricardo Rosas Pérez (“que me den la mitad de lo que van a invertir en el nuevo sistema y les prometo eficientar el sistema tradicional”, decía) pero a cambio de que el PAN-Gobierno apoyara su segunda reelección ya no hubo oposición al proyecto.
Fue así como el 31 de octubre del 2008 entró en vigor el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, pero sólo en el primer distrito judicial. Desde el principio tuvo contratiempos: el edificio que el TSJ compró ex profeso para las audiencias orales en la calle Morrow no alcanzó a estar a tiempo y tuvieron que adecuar las instalaciones del Palacio de Justicia, en la calle Leyva.
En Cuautla y Yautepec, donde entró en vigor el nuevo sistema desde el seis de julio del 2009, el edificio que albergaría las salas de audiencias no estaba ni a la mitad, por lo que el TSJ estuvo rentando instalaciones. Lo mismo sucedió en la zona sur, donde la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimientos Penales se tardó un año más de lo programado.
A lo largo de estos quince años hay varias anécdotas de cómo los operadores de los juicios orales fueron “aprendiendo sobre la marcha”, como aquella ocasión en que el juez Job López Maldonado no le quiso dar la palabra a una persona que estaba en el público y que resultó ser el abogado Carlos Tijera, designado por la familia del imputado para llevar el caso en lugar del defensor público (algo parecido a lo que ocurrió hace unas semanas con los fiscales federales que entraron como público a la audiencia del fiscal Uriel Carmona y ya dentro de la audiencia el juez Subdías Aguilar les concedió personalidad jurídica).
O aquella “regañada de antología” que le puso la jueza Nancy Aguilar Tovar a los fiscales en el caso de cinco policías acusados de torturar a un detenido; el debate entre una jueza penal y el abogado Said Basave que terminó con la expulsión del segundo; o aquella ocasión en que este columnista fue sacado en vilo por elementos de seguridad de una audiencia del ex rector Alejandro Vera. Los tres casos están en Youtube.
Los XV años de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio Adversarial en Morelos no podían pasar desapercibido para el magistrado presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, quien el pasado viernes ofreció un desayuno a juezas y jueces del ámbito penal en el estacionamiento de la Ciudad Judicial de Atlacholoya.
Desde la sede Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, realizó un reconocimiento a los primeros 11 jueces que fueron los pioneros, y que marcaron el rumbo de la justicia oral penal en Morelos, para después dar paso a la oralidad laboral y próximamente en lo civil y familiar.
Para el representante del Poder Judicial, quien hace 15 años fue el primer Juez penal en el estado que desarrolló una audiencia oral, aún hay muchos retos por delante en este sistema, y por ello anunció un cambio en el modelo de gestión que busca hacer más eficiente y ofrecer mejores resultados en la impartición de justicia.
A las y los Jueces penales de la segunda y tercera generación, Gamboa Olea los convocó a no declinar, a no dejar el entusiasmo de su deber y a tener el coraje para erradicar la impunidad y a crecer en lo profesional día con día.
En el marco de este festejo, se entregaron reconocimientos a las y los siguientes jueces impulsores del sistema penal en Morelos: Elvia Terán Peña, Alejandra Trejo Resendiz, Patricia Soledad Aguirre Galván, David Ricardo Ponce de León y Job López Maldonado.
En la fotografía oficial que envió su oficina de Comunicación Social advertimos la presencia de la ex jueza y actual funcionaria de la Secretaría de Gobierno Guadalupe Arredondo, pero también la ausencia de las juzgadoras Yaredy Montes Rivera y Nancy Aguilar Tovar. Esperemos que su ausencia haya sido voluntaria y no por falta de invitación.
A 15 años de su entrada en vigor, más allá de discursos y autoelogios, hay un dato que debería preocupar a los tres poderes del Estado: Morelos fue evaluado como el peor estado en capacidad institucional en justicia penal por la organización “México Evalúa”.
¡Sí, el último lugar! Nos debería de dar vergüenza.
HASTA MAÑANA.
