En este espacio hemos sostenido que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), a cargo de Juan Salazar Núñez ha venido dando un manejo político a una institución que debería aplicar la ley sin distingos de ningún tipo. Aunque Salazar Núñez lo niegue, los hechos hablan por sí solos.

Desde nuestro punto de vista, la detención del ex presidente de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, tiene una relación directa con el grupo político en el que estaba participando en los últimos meses, lo cual no hubiese ocurrido de seguir Uriel Carmona como fiscal general del Estado.

Ayer, de manera sorpresiva, elementos de la Policía de Investigación Criminal arribaron a las oficinas de Raúl Tadeo, en la colonia Los Manantiales, municipio de Cuautla, y se lo llevaron.

Más tarde, a través de su oficina de Comunicación Social, la Fiscalía Anticorrupción informó que “en pleno respeto de sus derechos humanos, sin uso de la violencia, ni afectación a terceros, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos cumplimentó una orden de aprehensión contra el exalcalde de Raúl “N” por el delito de Peculado en agravio del Ayuntamiento de Cuautla (…) relacionado con la causa penal JCC/57/2021”.

Lo anterior, por presuntamente distraer el dinero de la recaudación del impuesto predial del año 2018, el cual se cobró de manera anticipada y del cual, el exedil presuntamente dispuso de forma irregular. Y aquí es donde uno se pregunta: ¿Y por qué Tadeo y no los demás ex alcaldes de esa sufrida ciudad?

Sin ir más lejos, el anterior presidente, Jesús Corona Damián, tiene igual o más irregularidades que Tadeo. A mediados de 2021 el entonces alcalde declaró que en lo que iba de su gobierno se había pagado más de 180 millones de pesos en diversos créditos heredados de administraciones anteriores, pero la actual administración detectó dos mil 789 observaciones al gobierno de Corona Damián.

Supuestamente se inició una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en contra del exdirector del Sistema Operador de Agua Potable por los seis millones que se perdieron por la omisión de acreditar una extensión ante Conagua y por duplicarse su sueldo.

Dichas observaciones fueron por conductas por omisión y de índole penal, por lo que también fueron instaurados 21 procedimientos administrativos en contra de exfuncionarios de primer nivel, con pleno conocimiento de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), destacando la desaparición de documentos oficiales y las condiciones en las que fueron recibidas diversas dependencias de este ayuntamiento.

Uno de los funcionarios a quienes se les realizó una observación fue al tesorero (2019-2021) Hugo Santana Cruztitla, ya que en la balanza de comprobación, se presume, dejaron recursos asignados a la administración en cuentas bancarias, por la cantidad de 19 millones 725 mil 347 pesos, de los cuales solo se encontraron siete millones 309 mil 775 pesos; asimismo se encontraron cuentas pendientes a favor del municipio por más de 446 millones de pesos, sin embargo, no existe documentación que permite el reclamo de este cobro.

Y aquí vuelve la pregunta: ¿por qué primero Tadeo y no Jesús Corona?

Bajo ese criterio, es posible suponer que la siguiente en ser detenida sea la ex alcaldesa de Temixco, Juana Jazmín López Solano, quien dejó varias “cuentas pendientes” en esa localidad, aunque hoy ande como si nada en el mismo equipo político que Raúl Tadeo Nava.

Argumentos jurídicos los hay y de sobra. Bastaría con investigar dónde están los 50 millones de pesos que había para la construcción del nuevo Palacio Municipal que mandó demoler al inicio de su trienio. También, indagar qué constructora se encargó de hacer el mirador de las Tres Cruces, mismo que hoy se encuentra clausurado por cuestiones de seguridad estructural.

No en balde Juana Jazmín López Solano ha sido vista en las oficinas del Ayuntamiento de Temixco, buscando acuerdos con quienes hoy están a cargo del gobierno municipal, quienes a su llegada encontraron “un cochinero” en las arcas, mismas que fueron utilizadas descaradamente para tratar de retener el poder a través de la reelección que finalmente no se logró.

Todo ello ya se encuentra en expedientes iniciados por la Fiscalía que encabeza Juan Salazar Núñez, y que podrían ser judicializados rápidamente tomando en cuenta las nuevas condiciones políticas que prevalecen en la entidad.

Sin embargo, “la joya de la corona” que están todos esperando, es que —por fin, tras cuatro años de impunidad— aunque sea una de las carpetas de investigación de las 60 que inició la Consejería Jurídica en contra del ex gobernador Graco Ramírez, sea puesta a disposición de las autoridades jurisdiccionales.

LA CONTROVERSIA. - Ayer por la mañana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Controversia Constitucional 276/2022 promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Paquete Presupuestal 2023, aprobado por la mayoría calificada de las y los integrantes del Congreso del estado.

Aunque desde nuestro punto de vista hay un “empate técnico”, para el gobierno estatal, la trascendencia de la decisión de los ministros de la SCJN radica en que en la controversia constitucional se destacan por un lado violaciones en el proceso legislativo, y por el otro que fueron excluidos diversos municipios de la entidad de forma injustificada respecto al reparto de los recursos del Fondo de Infraestructura Regional Municipal y las Acciones Municipales, “con lo cual, el Gobierno del Estado ratifica su vocación municipalista y su compromiso por el apego a la constitucionalidad en favor de todos los morelenses”.

HASTA MAÑANA.