El pasado viernes el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) conmemoró los “20 años de la reforma en materia de Acceso a la Información” en una discretísima y austera ceremonia en sus oficinas de La Ronda de Atlacomulco. Y decimos “conmemoró” porque si pusiéramos “celebró” estaríamos diciendo una mentira: No hay nada qué celebrar.

A nivel nacional el Derecho a la Información sobrevive con la amenaza de su desaparición por resultar incómodo para los poderes Ejecutivo y Legislativo (138 días sin quórum; 8,028 recursos pendientes de votación) y no existen visos de que esto cambie.

A nivel local, el órgano garante del derecho a saber vive su peor momento por una campaña de desprestigio provocada por los mismos cinco comisionados, que serán recordados como “los que usaban recursos públicos para pagarse sus idas al cine”.

A falta de argumentos, el presidente del IMIPE, Marco Antonio Alvear Sánchez, ha declarado que “es una venganza de ex comisionados que se han visto afectados por las denuncias que hemos presentado por desvío de recursos”. Y no dude usted que recurra al viejo truco de decir que “los medios me atacan porque no les doy convenios de publicidad”.

Y es que, el organismo denominado “Morelos rinde Cuentas” se ha encargado de “balconear” a todos los comisionados a base de “golpes de transparencia” que no han podido desmentir. El comisionado presidente del IMIPE repite tres facturas en sus gastos de representación de 2022. Una de ellas es la factura A3033 del restaurant Gusto del 3 de marzo por $1,939.

Del total de 1,260 facturas de 2022, un total de 167 fueron certificadas en sábado y domingo por 157 mil pesos (no hay certeza de que el consumo fuera en fin de semana); 205 del total tiene fecha de consumo y de éstas 44 son de sábado y domingo por 19 mil pesos. Algunas facturas de gasolina fueron utilizadas para comprobar gastos de dos comisionados en la misma fecha.

“No estamos violando la ley, si estamos violando la ley que presenten las denuncias, por que si no esto solamente es chisme”, declaró Marco Antonio Alvear a Círculo de Poder el 12 de julio pasado. Efectivamente, ilegal no es porque la figura de los gastos de representación está contemplada en la normatividad vigente, pero moral tampoco, porque se entiende que los gastos de representación son aquellos que se utilizan para desempeñar comisiones inherentes a su cargo, no para ir al cine ni para llevar a su familia a un restaurante de lujo.

Un “chisme” es que Alvear Sánchez anda apurado tratando de conseguir los cinco millones que supuestamente cuesta una magistratura para el Tribunal Superior de Justicia, y que ya tiene los amarres necesarios para conseguirla. De eso sí no tenemos pruebas, pero tampoco dudas.

Otro rumor que se maneja entre los pasillos del IMIPE y del propio Congreso, es que el comisionado presidente está negociando con los diputados de la actual legislatura para que le autoricen los cuatro millones de pesos por concepto de salarios caídos mientras duró su proceso judicial después de que lo designó el Congreso local hasta que tomó posesión formalmente en el IMIPE.

Hay que ser muy malpensados para suponer que la propuesta es: “me autorizas esos 4 millones y te los doy a cambio de la magistratura. Así todos ganamos”.

Lo que no son chismes es que, de abril del 2022 a marzo del 2023, se recibieron para trámite tres mil 753 Recursos de Revisión, y están pendientes de resolver dos mil 456, esto según el informe publicado en su página de internet. Por cierto, el último boletín que aparece en su página es de mayo pasado, es decir, que durante tres meses no han tenido actividad que merezca difundirse.

Durante el período que se informa, los Sujetos Obligados con mayor número de denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia recibidas son: los Ayuntamientos, con 361, lo que equivale a 50% del total de denuncias por este Instituto, seguido de los Órganos Autónomos con un total de 84 denuncias, correspondientes a 12%. En tercer lugar, se encuentra el Poder Ejecutivo Descentralizado con 65 denuncias, equivalentes a 9%. En cuarto lugar, se encuentran los Sindicatos con 58 denuncias, representando el 8 por ciento del total de denuncias. En el quinto puesto se ubica el Poder Ejecutivo con 51 denuncias, que representan el 7% del total de denuncias recibidas por ese Instituto.

Paradójicamente, el IMIPE cuenta con 44 denuncias, superando a cualquier otro sujeto obligado.

Eso no se dijo durante la ceremonia del viernes en el Parque Ecológico Acapantzingo, a donde estuvo como representante del Ejecutivo la secretaria de Administración, Sandra Anaya; por la LV Legislatura Mirna Zavala (quien se retiró antes de que concluyera el evento, visiblemente molesta, quizás porque las críticas de los participantes de la sociedad civil estuvieron muy fuertes, y Macrina Vallejo. No hubo ningún representante del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Tampoco hubo cobertura de los medios de comunicación. La única nota que encontramos en el internet fue la que se refiere al convenio que firmaron con la secretaria de Administración para seguir utilizando el inmueble que actualmente están ocupando, y que consideramos una de las medidas más acertadas que tomó la anterior presidenta, Dora Ivonne Rosales Sotelo, pues esta institución tan importante ya lleva seis cambios de domicilio.

Por cierto, el pasado 24 de mayo, la Jueza Especializada de Control, Elvia Terán Peña, dictó un auto de no vinculación a proceso penal a favor de las ex comisionadas del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Mireya Arteaga Dirzo y Dora Ivonne Rosales Sotelo.

Tras deliberar por varias horas, Elvia Terán resolvió que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) realizó una investigación deficiente, expuso un sólo hecho manipulado, con apariencia de delito, para someter a proceso penal a las ex comisionadas, sin pruebas suficientes. Así, la denuncia presentada por el comisionado presidente del IMIPE, Marco Antonio Alvear Sánchez y el comisionado, Roberto Yáñez Vázquez, más bien se trató de un acto de venganza contra las servidoras públicas que le antecedieron en el cargo.

Por si fuera poco, el IMIPE se encuentra “incomunicado”. Si revisa usted, estimado lector, la página oficial del IMIPE, se encontrará con que no han emitido comunicados o boletines desde el 18 de mayo, y que el Canal de Youtube “IMIPE TV”, sólo contiene las sesiones de Pleno en las que no hay debate alguno. Pareciera que todo está “planchado” antes de comenzar la transmisión.

El grupo de Whatsapp que el IMIPE había creado para emitir comunicados e invitaciones no tiene actividad desde el 7 de junio. Para su evento del viernes sólo publicaron en Twitter y Facebook un pequeño video con imágenes sin sonido del evento.

Hasta pareciera que están esperando a que el gobierno federal desaparezca al INAI y todos los órganos garantes de los estados. En una de esas hasta andan inventando el “retiro voluntario” de los comisionados, similar a lo que hicieron los magistrados del TSJ.

HASTA MAÑANA.