Doña Norma Calderón es una mujer con 70 años de vida, de los cuales cuatro los ha vivido recorriendo todas las instancias de procuración y administración de justicia en busca de que la autoridad le reconozca el derecho que reclama, viviendo en carne propia lo que sufre la población que carece de dinero y conocimientos jurídicos para resolver un problema legal.

Lentitud en la integración de las carpetas de investigación; constante rotación de agentes del Ministerio Público; abogados que incurren en errores ya sea por falta de conocimientos o porque se venden a la contraparte; servidores públicos del Poder Judicial indolentes e insensibles con la población de la tercera edad, y la corrupción que cangrena a todo el sistema de justicia.

El víacrucis de la señora Norma comenzó cuando adquirió un departamento en el condominio “Salto Chico” de la colonia Tlaltenango en la primera de cuatro plantas, con la finalidad de subsistir de la renta de ese inmueble. Todo iba bien, hasta que se dio cuenta de que la vecina del departamento cinco se estaba apropiando de la azotea, considerada desde siempre como “área común”.

La vecina, de nombre Gabriela Caballero, puso un muro de tablarroca y una puerta de aluminio de la que solamente ella tiene llave. Luego, se alió con la vecina del departamento seis y ambas se apropiaron de toda la azotea, despojando así a los otros cuatro condóminos.

Con la finalidad de administrar el condominio se protocolizó una asociación civil que fue desconocida por las vecinas antes mencionadas, por lo que nunca pagaron sus respectivas cuotas de mantenimiento. Lo peor fue que ellas hicieron su propio comité de vecinos y declararon como morosas a las tres primeras.

Asesoradas por el abogado Sergio Salazar, interpusieron una demanda civil ante el Juzgado de Paz de Cuernavaca para exigir el pago de cuatro mil pesos que es lo que supuestamente adeuda Norma Calderón a la asamblea de condóminos. Para ello contaron con la ayuda del actuario de ese tribunal, quien acudió primeramente al condominio de Salto Chico a tratar de notificarla y hace el cobro mediante embargo, y al no lograrlo se trasladaron hasta la casa donde vive la señora Norma, en la colonia Buenavista.

Sin llevar ninguna identificación, el que dijo llamarse Moisés Pérez Osorio y ser actuario del Juzgado de Paz, se comportó como si fuera el abogado de la parte actora, exigiendo el pago de los cuatro mil pesos en ese momento o que señalara algún bien para embargar.

El pasado seis de mayo hubo un nuevo intento por embargar, ahora a la vecina de nombre Lourdes Higuera Urista, y quien acudió fue la actuaria de nombre Yazmín, observando el mismo comportamiento que su compañero pues incluso, a pesar de que las supuestas demandadas son señoras de la tercera edad, amenazó con “regresar con fuerza pública”.

Todo ello fue denunciado ante el Juez de Paz, Francisco Javier Peña Gutiérrez, quien ignoró los señalamientos hechos a sus subordinados tanto de forma personal como por escrito. Al documento que ellas dejaron en la oficialía de partes del Juzgado de Paz quejándose por el proceder de los dos actuarios, el titular le dio la calidad de “escrito inicial de demanda”, y resolvió que “visto su contenido y el estado procesal de los autos, y toda vez que no tiene reconocida la personalidad por que no ha sido emplazado en el presente sumario, dígasele a la promovente que se le tiene por hechas sus manifestaciones, dejando a salvo sus derechos para los efectos a que haya lugar”.

Luego, la secretaria de Acuerdos, Brenda Rojas, dijo que las quejosas no tenían los conocimientos necesarios para entender el asunto.

Y es que las señoras antes mencionadas no tienen recursos para pagar un abogado, lo que sus contrarias al parecer sí, y también muchas influencias.

Sólo así se puede explicar que la señora Gabriela Caballero y la otra vecina, han logrado que los tribunales les estén dando la razón en apropiarse de la azotea de ese condominio, cuando en todos los inmuebles similares se establece que es área común.

Desde 2018 la señora Norma Calderón interpuso una denuncia en la Fiscalía de Justicia del Estado por el delito de despojo en contra de la señora Gabriela Caballero.

“Desde que inicié la denuncia en 2018 a la fecha de la audiencia el 22 de abril de 2021, la Lic. Verónica Sotelo Avilés, coordinadora de Ministerios Públicos de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Morelos, me cambió siete veces de Ministerio Público sin razón justificada; cada vez que tenía un nuevo MP mi carpeta presentaba cambios graves, donde desaparecían documentos claves en la investigación”, recordó la quejosa.

El 22 de enero del 2020 el agente del MP, José Alberto Vázquez Corazón le marcó a su celular a las 11 de la mañana indicándole que “tenía noticias urgentes” sobre su asunto, por lo que Norma acudió de inmediato a la Fiscalía pensando que eran buenas noticias.

Entró al cubículo donde ya la esperaba el MP mencionada junto con la asesoría jurídica que le había asignado la Fiscalía, de nombre Norma Alicia Castañeda. “Que cree señora, ya prescribió el delito”, le dijeron, para después indicarle que tenía que firmar una nueva denuncia que ellos ya le habían preparado.

“En ese momento se me vino el mundo encima, comencé a llorar desconsolada y angustiada, no entendía lo que me estaban diciendo, no entendía lo que significaba prescribir, sólo pensaba en la intimidación del MP y la asesora jurídica sobre que la imputada ´me la podía voltear´. Comencé a sudar, me comenzó a faltar el aire y les dije que saldría un momento afuera de las oficinas para respirar”.

A decir de la señora Calderón, el servidor público de nombre José Alberto Vázquez Corazón, le dijo en un tono autoritario “no, usted no sale de aquí, se queda aquí hasta que lea bien y firme la nueva declaración”. La llegada de su esposo evitó que la siguieran torturando.

Luego se demostraría que no había tal prescripción, y la carpeta fue judicializada, con tan mala suerte que tanto el fiscal adscrito al juzgado, como el abogado que ella contrató (de apellido Pavón), no hicieron bien su trabajo y no se pudo declarar la vinculación a proceso.

Ayer recibimos el último mensaje de la señora Calderón:

“Mira, el ayuntamiento (de Cuernavaca) por medio de una franja vendió el techo de un área común que es indivisible, en un momento más te mando las pruebas para que te des cuenta de la gravedad del asunto. Catastro miente y la Sedatu también, me da mucha pena pero eso no puede quedar así. Me he quedado callada muchos años pero ya no puede ser, están pasando por encima de todos mis derechos y de mis compañeras”.

Habrá que ver quién está atrás de esta vecina tan “influyente”.

HASTA MAÑANA.