De pronto, tal decisión legislativa causó cierta extrañeza y hasta enojo en quienes la estaban empujando, no obstante, parece ya quedar muy claro que en efecto, mientras la Constitución General de la República no contemple dicha figura, en los estados no tendría sentido continuar con el tema.
Y el tema viene al caso porque dialogando con asesores del Congreso local, hacían ciertas precisiones y aclaraciones que justifican la posición de los diputados locales. Y uno de ellos decía que por mucho tiempo, fue la oposición al viejo régimen la que usufructuó políticamente el tema, sin embargo, nadie se preocupó por ver hasta donde era procedente. Hoy el asunto está claro, los estados no pueden trabajar sobre una reforma en tal sentido, porque al intentar aplicarla, sería fácilmente derrotada con un amparo.
Y sobre todo porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció al respecto, señalando que la revocación de mandato es anticonstitucional porque no viene considerada en la misma. Ahora bien, paralelamente se impulsaban otros conceptos, como aquello del referéndum o la consulta ciudadana, pero los asesores aclaraban que ésos sí pueden prosperar, pero no son para deponer en los cargos a funcionarios públicos, más bien para la procedencia o no de algunas leyes o reglamentos.
Por cierto, mientras se analizaba el tema con los asesores, llegó la diputada local Hortencia Figueroa Peralta, el reportero le pidió opinión y ella en efecto reiteró que por eso la petición al Congreso de la Unión en el sentido de que se valore la inclusión de la revocación de mandato en la Constitución General, a fin de que las entidades puedan considerarlo en lo local y agregó: “hay que decirle al senador protagónico ése (se refería a Fidel Demédicis) que primero se ponga a estudiar, antes de opinar sobre el asunto”.
Y bueno, lo que recordaron los abogados es que constitucionalmente la revocación no tiene razón de ser, porque ya existe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que prevé sanciones penales, civiles, administrativas y políticas. Claro, reconocieron, no se aplica a pesar de tantos delitos.