Las ansias de venganza de quienes dirigen el llamado G-15 (el grupo de diputados que controla el Congreso local) no conocen medida y llevan a cabo sus maniobras sin importar a quien perjudiquen.

En este caso, cientos de miles de personas que poseen un vehículo automotor han quedado en medio de una pugna con las autoridades a las que los legisladores quieren dejar sin recursos para operar.

 Pero esos recursos negados se requieren para cumplir un importante trámite, sin el cual los propietarios de vehículos particulares quedan a merced de multas y detenciones cuando salen de Morelos.

Esos ciudadanos nada tienen que ver con las ambiciones de los diputados, ni tienen capacidad para gestionar una solución. Son simples rehenes de un conflicto que nunca debió existir, y que no es el único que el ya citado G-15 (de triste fama) ha propiciado.