Las denuncias surgidas aparentemente de la nada sobre acoso sexual, laboral y escolar han reflejado de manera innegable la necesidad de establecer medidas de apremio a las autoridades escolares para que los protocolos ya establecidos funcionen.

A estas alturas los mecanismos de denuncia y de detección existen y se han difundido, pero por alguna razón estructural las víctimas no los utilizan de manera oportuna.

Por eso la aparente sorpresa de las reacciones de protesta, que no debieron llegar a ese nivel.

Quienes tienen la responsabilidad de cuidar la integridad del estudiantado deben entender que algo impide denunciar a tiempo y eso es lo que debe corregirse, no crear más trámites y burocracia.