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Jueza prohíbe destinar fideicomisos del Poder Judicial para Acapulco

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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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Jueza prohíbe destinar fideicomisos del Poder Judicial para Acapulco

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Fotógraf@/ El Universal
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La Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (CDMX) ha emitido una nueva suspensión que protege los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) después de su extinción por parte del Congreso de la Unión.

En respuesta a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, de destinar los fondos de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la reconstrucción del Puerto de Acapulco, devastado por el huracán "Otis", se canalizarán 61 mil 313 millones de pesos para la rehabilitación y reconstrucción.

La Jueza Elizabeth Trejo ha concedido una suspensión provisional para evitar que se disponga de los recursos mencionados en el decreto, protegiendo así los derechos laborales y de seguridad social de los miembros del PJF. Además, la suspensión no afectará el interés público ya que no se ha especificado el propósito del uso de estos recursos.

Froylán Muñoz, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), ha confirmado la concesión de la suspensión provisional del decreto que busca eliminar los fideicomisos del PJF, el cual había sido modificado mediante un segundo párrafo en el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 27 de octubre de este año en el Diario Oficial de la Federación.

En la sentencia se analizarán las posibles violaciones al procedimiento legislativo en la aprobación del decreto, así como las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de los miembros del PJF.

Este proceso se lleva a cabo en conformidad con el derecho de todos los ciudadanos a que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia conforme a la Constitución por un Juzgado o Tribunal Federal, respaldando así un Poder Judicial independiente y autónomo que respeta el principio de la división de poderes.

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