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A la LII le corresponderá cumplir con tres temas inmediatos y urgentes. La declaratoria de constitucionalidad de la independencia financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Poder Judicial, y la publicación de la Ley para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas de Morelos.
Los tres temas afectarán al presupuesto de egresos de 2013, ante ello la urgencia del actuar del Legislativo. Una prórroga mal entendida postergaría un año la aplicación en cualquiera de los asuntos.
El rector Alejandro Vera Jiménez no ha dejado de empujar, gestionar y hacer notar la importancia de alcanzar el gran paso a favor de la UAEM.
La titular del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara, ha hecho lo propio; la exigencia de que el proceso de reforma constitucional se cumpla, es parte fundamental de su representatividad.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores de Morelos, no ha dejado de promover la publicación de la ley correspondiente. Con motivo de la develación de la placa que en gratitud de la aprobación por parte de la LI Legislatura por unanimidad hiciera de la norma a favor del periodismo, el presidente saliente del Congreso, Jorge Arizmendi García, solicitó al entrante, Humberto Segura, a cumplirle a los periodistas, al Judicial y a los estudiantes universitarios.
Los tres son temas fundamentales para los próximos años. No sabemos quiénes llegarán y es lo que menos debe importarnos; las tres instancias a las que nos referimos en esta entrega juegan un papel de imparcialidad y autonomía, indispensables para el desarrollo de nuestra entidad.
En el ámbito de la educación superior pública, su fortalecimiento es obligatorio; los gobiernos de derecha han intentado mermarla, limitarla e inclusive acabarla. El arribo de un gobernante de izquierda debe ser garantía para su consolidación.
El Poder Judicial no ha alcanzado su verdadera autonomía; actualmente la dependencia económica de la propuesta del Ejecutivo y aprobación del Legislativo es un absurdo. Los nombramientos de los magistrados, previa definición de los diputados, es absurdo y ofensivo.
El arribo de un gobernante de izquierda debe ser garantía de que los equilibrios entre poderes, así establecidos en la Constitución, sean realidad.
La postergada seguridad social, la verdadera independencia del gremio periodístico, la distribución de los apoyos publicitarios gubernamentales basados en el servicio social y no en ejercicios corruptos de manejo de audiencias o tráfico de influencias, es una obligación de un gobierno de izquierda.
El respeto y convivencia con asociaciones que velan por el profesionalismo, protección, crecimiento, respeto a la libertad de expresión y derecho a la información, es obligación de un gobernante de izquierda.
Confiamos entonces en que sobre estos tres puntos cumplan en tiempo y forma el Legislativo y Ejecutivo, citados en ese orden por los tiempos de arribo y facultades de ley.
Una nueva etapa para la UAEM, para el Poder Judicial y para el periodismo morelense, están por iniciarse. Sabremos reclamarlo si no cumplen las instancias.
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