No solamente son las continuas declaraciones del Jefe del Ejecutivo, como esa de atreverse a dictarle a su sucesor línea en su futuro mandato y las afirmaciones, en ese sentido, del general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.

También las filtradas informaciones sobre persecuciones “legales” contra ex gobernantes de partidos de oposición y los cambios en la Procuraduría General de la República, que incluye el relevo en la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), realizados a cinco meses de la jornada comicial.

Nunca antes, en la época que se supone democrática, un presidente de la república se había atrevido en forma pública a tirarle línea a su sucesor, con esa frase frenética de que ningún candidato presidencial puede llegar al poder si no sigue su política de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado: “El gobernante que no combata no debe ser gobernante”.

El jefe de las fuerzas armadas exigió al Poder Legislativo que ya apruebe la Ley de Seguridad Nacional que le daría al Ejecutivo federal la facultad para dictar una “declaración de riesgo a la seguridad nacional”, en otras palabras, en cualquier momento, sin intervención del Congreso, se podrían suspender las garantías que nos otorga nuestra Constitución.

La voz de alarma la hemos dado analistas, académicos y periodistas, ahora también los partidos de oposición, Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), aunque ya surgieron voces en contrario de las llamadas izquierdas.

El PRI, inclusive, mediante una carta de su presidente nacional Pedro Joaquín Coldwell dirigida a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, alertó sobre el relevo de José Luis Vargas como titular de la Fepade, ante la posibilidad manifiesta de que el gobierno, por sus acciones, pretenda “criminalizar” los procesos electorales para lanzar cortinas de humo y desviar la atención de la “dura realidad” que vive el país.

Por su parte el Partido de la Revolución Democrática, en voz de su coordinar parlamentario Armando Ríos Piter, quien además es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, afirmó que a ellos les preocupa que se quiera cambiar al titular de la Fepade, para poner en su lugar a un funcionario “a modo” del Ejecutivo federal.

Lo peor de todo es que ya es oficial el relevo, entra la fiscalista Imelda Calvillo Tello; menos mal que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección de gobernador del estado de Michoacán pese a las presiones del poder ante la derrota de la hermana incomoda, Luisa María, Cocoa. Esta tarde, el priista Fausto Vallejo Figueroa se convertirá en gobernador constitucional de la entidad, ceremonia a la que fue invitado Calderón Hinojosa y a la cual, sin duda, asistirá el candidato presidencial del tricolor Enrique Peña Nieto.

Se realizaron otros cambios en la PGR, como en la titularidad de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión; Laura Angélica Borbolla Morena reemplaza al abogado Gustavo Salas, relevo que al gremio organizado lo tiene sin cuidado, pues dicha dependencia apenas si es una entelequia, ello no obsta para mandarle un saludo al caballero Gustavo Salas Chávez, ahora despedido del cargo que ocupó con especial entrega y responsabilidad.

La sola especulación de que Calderón Hinojosa pretenda colapsar las elecciones presidenciales con el propósito de eternizar a su partido, o más certeramente a su círculo compacto, es de una gravedad que obliga a todos los mexicanos, sin distingos, a permanecer en vigilia, de aquí al relevo del Poder Ejecutivo. Son cambios que alarman.