El dictamen que prevé una adición al artículo 73 de la Constitución Política fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y que pudiera ser votado en el pleno a más tardar la semana entrante. El documento agrega que en las consideraciones se expone que es necesario garantizar y fortalecer la legislación para que permita atraer competencias entre las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, en tratándose de conductas que atenten contra la libertad de expresión en sus diversas modalidades, que transgredan las garantías individuales y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y otras legislaciones. Se señala que los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional; no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. Afectar la libertad de expresión es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país.

El dictamen precisa que de acuerdo con el informe presentado por la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) --cuyo vicepresidente Teodoro Rentería Arróyave presenta documentada la actualización trimestral de este lamentable censo-- ante la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, sobre la situación del periodismo en México al primer trimestre de 2010, en el que revela cifras alarmantes que obligan a atender el asunto de manera urgente e inmediata: 67 asesinatos y 12 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Para este momento, suman ya 90 asesinatos y 17 desapariciones forzadas de comunicadores, trabajadores de prensa y familiares, ocurridos durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Los detalles pueden ser consultados en www.fapermex.mx.

De ser aprobada, la adición constitucional dirá:

“Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, que tengan por propósito impedir, limitar o menoscabar el ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta”.

Los legisladores adicionaron la fracción 21 del artículo 73 constitucional. Dan competencia concurrente a las autoridades federales cuando se cometan delitos en agravio de periodistas o de personas que se dediquen a la comunicación, la Ley de Imprenta o la difusión de las noticias.

Existe el compromiso de presentar la ley reglamentaria a más tardar en seis meses, en donde quedará establecido quiénes quedarán integrados en el supuesto constitucional, al advertir una definición amplia de periodista. En principio se habla de aquellos que se dediquen a la actividad del periodismo, de la difusión, que laboren en un medio de comunicación o que se dediquen a la impresión de noticias.

La nueva ley contempla las desapariciones de periodistas, como homicidios, cuando después de nueve meses las víctimas no aparezcan.

En nuestro estado, desafortunadamente, el Congreso no ha decidido –-a pesar de existir consenso en el gremio y haber dedicado muchas horas de esfuerzo conjunto-- dar paso a la Ley de Seguridad Social y Protección de Periodistas en Morelos.

Hemos advertido como Asociación de Periodistas y Comunicadores de Morelenses, integrantes tanto de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y la Federación Latinoamericana de Periodistas –-impulsoras de la adición constitucional-- que para nuestra fortuna Morelos no cuenta con trágicas cifras en contra de comunicadores. Ante ello es apremiante el avance en estos temas que pueden generar garantías en muchos sentidos para los comunicadores en la entidad.

Enhorabuena por el avance legal. Sin embargo –insistimos--, llama la atención el añadido cuando advierte que será análisis e investigación federal siempre y “cuando dichos actos tengan como propósito impedir, limitar o menoscabar el ejercicio de las libertades de información, de expresión y de imprenta”. ¿Cómo y quién se determinará ese supuesto, sin investigación de por medio? Nosotros consideramos que deben ser atraídas en automático y en su caso, si así lo demuestran las indagatorias, regresadas al fuero común cuando el caso lo amerite.